Delito de trata de personas en México

Miguel Ángel Aguilar López
Magistrado de Circuito y Profesor de Posgrado
Mexico

El hombre es el lobo del hombre
(Homo homini lupus)
Thomas Hobbes

La trata de personas pone en evidencia, que en México y el mundo existe esclavitud y explotación a seres humanos. Concebido como un problema ancestral, en el que principalmente las mujeres son desarraigadas de sus lugares de origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y/ o como objetos sexuales.

En las últimas décadas surge como un fenómeno de índole social, que reviste diversas aristas, cuyo origen se concibe desde los matrimonios arreglados, el comercio, la explotación sexual y laboral, extracción de órganos y la pornografía infantil, considerada como un modo de esclavitud moderna y una forma extrema de violencia, principalmente contra mujeres y niños que viola sus derechos humanos; con lo cual se da vida a negocios clandestinos fomentados por los gobiernos de países empobrecidos y no empobrecidos, debido a la corrupción por los grandes beneficios que reportan esta actividad, así como la impunidad por el riesgo mínimo de detección y castigo, hacen de ésta una empresa en países del mundo. Lo que la convierte en un tema importante de seguridad y salud pública nacional e internacional.

La explotación de seres humanos es un negocio altamente lucrativo para los grupos criminales; por lo que no se pueda escindir aquella de la delincuencia organizada. Luego, surge la necesidad imperiosa de actuar contra esta última desde el ámbito nacional e internacional, lo que implica la actuación no sólo de autoridades gubernamentales, sino también enfatiza el papel de las comunidades e individuos.

La situación del Estado mexicano, en relación con la trata de personas, ha adquirido un aspecto significativo, en tanto se constituye como un país de origen, tránsito y recepción, aspectos que contribuyen a la vulnerabilidad de miles de personas; de ahí que en la actualidad signifique uno de los problemas de mayor trascendencia dado que afecta no sólo la libertad, sino la dignidad del ser humano, asemejándose en sus efectos al tráfico de migrantes, narcotráfico, la venta de armas y el lavado de dinero [actividades igualmente propias de la delincuencia organizada].

Dicho fenómeno se concebía, sólo ocurría en sectores sociales “pobres”; sin embargo, está documentado que en la actualidad afecta todas las esferas sociales, lo que implica que cualquier persona puede ser objeto del mismo; no obstante, son mujeres y niños sus principales objetos, ello debido a su propia vulnerabilidad, en tanto de igual manera se ven afectados por la violencia y discriminación.

El proceso de globalización y el desarrollo de los medios de comunicación entre otros aspectos han convertido de dicho problema un fenómeno complejo, en ocasiones difícil de medir y regular. [1] Lo anterior, ya que no es exclusivamente con fines de explotación sexual sino que se da en varios sectores y a través de diversos mecanismos, por ende, no se trata de un delito estático, sino de un proceso con varias etapas: reclutamiento del lugar de origen, transporte al sitio de destino y acogida para la explotación, lo que implica que sea mutable, conforme las condiciones locales y mundiales, en los que participan diversos actores.

Es precisamente en este proceso operacional donde se hace evidente la forma de operar de la delincuencia organizada, cuyas células registran diversas tareas, desde la captación de las víctimas [en su mayoría provenientes de grupos vulnerables, previamente estudiados, carentes de redes de apoyo], las cuales son sustraídas de sus lugares de origen en formas diversas [“voluntariamente” o forzadas mediante la violencia] trasladadas por diversos grupos a sus destinos, donde son recibidas por distintos individuos encargados de colocarlas en el mercado del tráfico sexual, laboral, incluso de obtención de órganos; con la consecuente retribución económica.

A razón de ello, la trata de personas debe entenderse en el amplio contexto de la desigualdad y violencia estructural en la que se encuentran sujetas, las personas que son víctimas de ella; es un delito de lesa humanidad y una grave violación de los derechos humanos que destruye la dignidad humana de quien es comprado, vendido, distribuido y explotado como si fuera un objeto.

Precisado lo anterior, si se ha determinado que en la actualidad constituye un problema de índole social y legal que abarca diversas esferas [económica, educativa, laboral y de salud], cabe cuestionarse.

II. ¿Cuáles son los factores que impiden su erradicación y por el contrario abonan a su crecimiento?, en su caso, ¿cómo avanzar en cuanto a los derechos de las mujeres, niños, adolescentes, y la impunidad de los crímenes que los afectan de manera desproporcionada?

Para responder, es necesario entender cuáles son sus orígenes, como se indicó, no sólo surge como un problema propio de la pobreza, en su caso, la falta de comunicación al interior de la familia, familias desintegradas, la omisión de investigación policial, la corrupción e impunidad, son de los aspectos que favorecen su proliferación.

Una amiga mía de Veracruz, México, me habló de trabajos bien pagados en restaurantes en los Estados Unidos. Acepté la oferta del trabajo y un ‘coyote’ me trajo a Texas. Luego me llevaron a la Florida y uno de los encargados me dijo que iba a trabajar en un prostíbulo. Le dije que estaba equivocado, y que yo iba a trabajar en un restaurante. Me dijo que le debía dinero del viaje y que me podía ir cuando terminara de pagarle. Tenía dieciocho años, nunca había ido tan lejos de mi casa y no tenía dinero para regresarme […]. Así empezó la pesadilla. Porque yo era virgen, los hombres decidieron violarme una y otra vez para enseñarme sobre el sexo”. María víctima de trata.[2]

En México, la existencia de comunidades en situación de pobreza y sobrevivencia, en las que no se garantiza el acceso a los derechos económicos y sociales, constituye un centro de “cultivo fácil” para las redes de tratantes [organizaciones criminales], las que están a la “caza” de sectores vulnerables que les facilite la obtención de seres humanos como producto viable para su comercio, al constituirse como una actividad altamente retributiva; ello impide en la mayoría de los casos, evitar que un ser humano esté dispuesto a comprar y explotar otro ser humano.

Sin embargo, como se precisó, la pobreza no es el único factor determinante que da cabida a la trata de personas, la falta de acciones gubernamentales, a fin de incentivar la economía, educación, trabajo, salud, convergen con la proliferación de grupos criminales que aprovechan situaciones de exclusión social, en evidente colaboración con sectores del gobierno (generalmente elementos policíacos) a los que corrompen, y en consecuencia, les facilitan operar bajo el amparo de la impunidad, lo que torna más lacerante el problema de la trata de personas, al punto de generar la falsa concepción que en el caso, principalmente de mujeres y niños, se les considere como objetos de comercio.

La familia, concebida como el núcleo esencial de toda sociedad, ha sido fracturada, padres adolescentes, sin la suficiente madurez psicológica, incluso física, para enfrentar el gran reto que implica conformar el núcleo familiar, carentes de orientación adecuada, y medios laborales propicios, origina inestabilidad, emocional al punto de que los padres se convierten en verdaderos verdugos de los hijos y los esposos de las esposas, a quienes en el menor de los casos consideran objetos de comercio [sexual o laboral], o son proclives a caer en las redes del crimen organizado, convirtiéndose en reclutadores y explotadores viables.

Precisamente, la operación de los grupos organizados se ha hecho más eficaz a la vez de especializada, ello al conjugar prácticas de la cultura tradicional con el manejo de nuevas tecnologías de la información. Los proxenetas, encargados en primera instancia del reclutamiento de mujeres y niños potencialmente sujetos a la trata de personas, han desarrollado una serie de mecanismos que van desde el enamoramiento que provienen de prácticas culturales tradicionales cuyo objetivo se centra en la somatización de la dominación, los abusos, golpes, chantajes, amenazas, el engaño con ofertas prometedoras de trabajo, incluso hasta el matrimonio.

En el aspecto laboral, la falta de oportunidades en trabajos con remuneraciones “adecuadas” que permitan un nivel de vida “decoroso” a través del cual puedan satisfacerse las necesidades básicas, culmina en “el abandono de los hijos”, para buscar oportunidades de trabajo bien remunerado [lo que se consigue en su mayoría fuera del país], optimizando nuevas condiciones para que células de grupos delincuenciales puedan operar en la búsqueda y captación de nuevas víctimas a quienes se les ofrecen trabajos bien pagados en el extranjero, que les facilita puedan trasladar a mayores números de personas lejos de sus lugares de origen para “comercializarlos” como si fueran objetos, para su explotación; lo que necesariamente impide se logre el objetivo de obtener mejores condiciones de vida.

De tal manera, niños y adolescentes, se constituyen en “blancos fáciles”, para ser captados por organizaciones criminales, en tanto, crecen sin el sentido de pertenencia, carentes de figuras de autoridad que guíen su crecimiento, de valores y disciplina, faltos de autoestima, objeto incluso de violencia doméstica, lo que propicia son altamente vulnerables de caer en las redes de la delincuencia organizada, a través de ofertas atractivas para allegarse de recursos económicos, vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, extorsiones, incluso secuestros, con un alto sentido de desprecio hacia los bienes jurídicos más elementales, como son la vida, la integridad física, la libertad, y sobre todo la dignidad.

En las redes sociales grupos criminales, de manera atractiva buscan mujeres potenciales, crean portales electrónicos en forma de “scorts” con jugosos contratos para el modelaje, el canto o la actuación, son el “gancho” perfecto para despertar el interés en mujeres jóvenes.

El tratante recluta a la víctima de forma indirecta mediante anuncios en medios impresos, contactos por internet, referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de empleo, agencias de reclutamiento, ofrecimiento de cursos, agencias de viajes, escuelas, cantinas, manipulación sentimental a través del noviazgo o matrimonio, entre otros, o en su caso, situaciones en las que simplemente se les secuestra o se les fuerza a través de la violación y el sometimiento.

De lo anterior, podemos establecer como factores de riesgo que contribuyen a la delincuencia organizada y a la trata de personas como uno de sus principales “negocios”, los siguientes: la pobreza, la discriminación, desigualdad de género, falta de oportunidades económicas, educación, desconocimiento, promesa de beneficios materiales, leyes migratorias, conflictos armados, corrupción, impunidad, religiosos-culturales e incremento de trabajo infantil.

Luego, si se tienen delimitados las causas que originan el fenómeno de la trata de personas, ¿qué impide su erradicación?

Al respecto, cabe destacar, una de las particularidades del delito radica en la relación de subordinación o sometimiento de la víctima con el tratante [crimen organizado], el cual es realizado mediante métodos de control, que se han estandarizado como:

a) Restricción del movimiento. Confiscación de pasaportes, visas o documentos de identificación; acompañamiento constante a la víctima; insistir en hablar por la víctima o traducirle todas las conversaciones; aislarla de cualquier contacto con la sociedad, al ocultarle información relativa a la dirección o el lugar donde se encuentra; exigir que la víctima viva o trabaje en el mismo lugar.

b) Condiciones de vida perjudiciales: restringir el acceso de alimentos e indumentaria apropiada; prohibir el acceso a atención médica adecuada y no dar tiempo libre ni suficiente para dormir.

c) Condiciones de trabajo perjudiciales: a cambio de la oportunidad de trabajar, cobrar una cuota elevada o difícil o imposible de pagar; exigir horarios de trabajo extraordinariamente prolongados, con pocos o ningún descanso; limitar el número de días libres y pagar poco o nada, o de manera irregular.[3]

De tal manera los mecanismos que utilizan los tratantes para controlar a las víctimas, en sumadas ocasiones son aspectos que obstaculizan la detección oportuna del fenómeno de trata de personas.

Me dijeron que me iban a matar. Me amenazaron con hacer daño a mi familia si me escapaba”. Rosario. Tlaxcala, México.

Como se indicó, al tratarse de una actividad criminal altamente lucrativa, frecuentemente se encuentran involucradas organizaciones asociadas, al tráfico de migrantes, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas; sin desatender, la implicación de funcionarios del gobierno que han sido corrompidos por el crimen organizado, a cambio de cuantiosas “dádivas”; lo que facilita la intervención de diversos sujetos en su producción, lo que le da el carácter de mutable; de ahí que no resulte fácil, situar a los reclutadores, en su caso a las víctimas.

En efecto, es incuestionable que las grandes redes de las organizaciones que operan con la trata de personas, se encuentran vinculadas [protegidas] a ciertos sectores del gobierno, a través de sus funcionarios, precisamente ello facilita que las víctimas, una vez que han sido coptadas, sean trasladas a lugares diversos del de origen, incluso al extranjero, donde son vendidas, con fines sexuales y laborales.

Luego, en el grave problema de la delincuencia organizada, sumado al de la corrupción de los gobiernos, constituye un factor que incluso, impide que desde la justicia se puedan realizar investigaciones eficaces tendientes a determinar las responsabilidades de las autoridades involucradas, lo que evidencia notoriamente el alto grado de impunidad con la que se conducen quienes lucran con la el comercio y exploración del ser humano.

Sin desatender el impacto que la trata produce en aquellas personas que son objeto de ella, especialmente en mujeres y niños, el cual es devastador, ya que siempre existen secuelas de la coacción a la que fueron sometidas, cuyo tratamiento físico y psicológico tarda años en restablecerse, sin perjuicio de las repercusiones que a nivel de salud, puedan producirse, tales como la transmisión de enfermedades, abortos forzados, inducción al alcohol y drogas, que las torna dependientes de sus tratantes.

Tales aspectos, tienen además un impacto social y psicológico, en tanto, en el caso de aquellas personas que tienen la suerte de escapar o ser rescatadas de sus proxenetas, les depara una vida de rechazo masivo, que inicia con su propio rechazo a manera de exclusión social, psicológica, moral, familiar u religiosa, lo cual les impide reincorporarse a la sociedad de manera activa, situación que propicia en un porcentaje alto, que nuevamente sean objeto de ese fenómeno tan lacerante.

Las secuelas psicológicas, no son menores, propicia en aquellas, inseguridad, pérdida de la autoestima, traumas generados por el sometimiento [violencia física y moral], los que siempre son difíciles de superar, máxime si no encuentran las redes de apoyo eficaces para ello, lo que hace irreparable el daño ocasionado.

Otro factor trascendente es sin duda alguna, el “consentimiento” de la víctima, uno de los temas de más polémica; al efecto se ha dicho que los reclutadores, captan a sus víctimas a través de propuestas atractivas de trabajo, en otras ocasiones, son reclutadas por sus propias parejas [novios, esposos], lo que lleva implícito que el primer paso que conforma el proceso de trata de personas, se efectúe “consensualmente”.

Así, determinar si efectivamente se está ante un acto voluntario, es sin duda alguna, el ejercicio de mayor dificultad, jurisdiccional toda vez que las circunstancias de las víctimas de vulnerabilidad y discriminación, aun cuando pueden evidenciar que el dedicarse o que se hayan dedicado a la prostitución [como forma de explotación], no fue en ejercicio pleno de su libertad sexual, sino porque se vieron obligadas por su precaria condición económica, falta de empleo y escueto nivel educativo, colocándose en situaciones vulnerables que constituían el riesgo de ser coptadas por la delincuencia organizada, y en consecuencia sufrir violencia y malos tratos, lo que se trata de erradicar al sancionar la trata de personas como actividad altamente redituable del crimen organizado, por ser incompatible con el respeto a la dignidad de las personas. Por lo que en el caso de los juzgadores, es necesario que se juzgue un hecho en perspectiva de género.

La pobreza y desempleo, se ha señalado son factores que facilitan que en un alto índice, mujeres, niños y niñas, sean explotados con fines sexuales, por organizaciones criminales que operan a nivel nacional y trasnacional, por ello se concibe como una forma de violencia contra ellos al resultar evidente que el ejercicio de la prostitución no es el resultado del ejercicio de sus derechos y libertades fundamental, sino de una “necesidad” que las obliga a realizar esa actividad.

En México, aun cuando en los últimos años ha habido avances en el marco jurídico que tipifica la trata de personas, no se ha podido avanzar en el tema de la sanción a quienes se ven inmersos en la comisión de ese tipo de conductas, en su caso, el grave problema de delincuencia organizada que aqueja al Estado mexicano, es quizá el factor más grande que se tiene para contrarrestar ese fenómeno, al no encontrar métodos eficaces de combate.

Sin desatender que muchos de los tratantes, son grupos pequeños y aislados, redes de delincuencia o de estructuras familiares organizadas; que incluso, pueden ser amigos, conocidos o parientes cercanos a la víctima, cada uno especializado en una parte de la cadena (la captación, el transporte o la gestión de la explotación), obstaculiza la posibilidad de avanzar en lo relativo a las políticas de prevención, investigación y persecución del delito, así como en la protección y atención adecuada a las víctimas.

De tal manera, aquellos factores, son los que abonan el crecimiento del fenómeno de la trata de personas.

III. ¿Cómo avanzar en cuanto a los derechos de las mujeres, niños, adolescentes, y la impunidad de los crímenes que los afectan de manera desproporcionada?

Luego, que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señalara que México ocupaba el tercer lugar en toda América Latina y el Caribe, en el tema de trata de personas, actividad que se posicionó como la segunda más rentable, sólo por debajo de aquellas vinculadas con el narcotráfico, impulsó que el gobierno redirigiera las políticas criminales a fin de frenar dicho fenómeno.

El Estado mexicano, advierte dos grandes problemas en lo referente a la trata, por una parte dada su posición geográfica, tiene la facilidad de que por su territorio, los grupos criminales organizados ingresen y movilicen a las víctimas de un estado a otro y de una nación a otra, con el objeto de obtener beneficios materiales; en diverso aspecto, la existencia de comunidades indígenas en situación vulnerable, sectores en pobreza extrema, susceptibles de amenazas, coacción, rapto, fraude, engaño y abuso; falta de educación e información como método de prevención.

La carencia de una correcta aplicación de estrategias de prevención, protección y procuración de justicia hacia los afectados por la trata de personas, ha dado lugar a que México, se convierta en un centro de captación y reclutamiento [redituable y disputado por las organizaciones criminales cuya principal actividad es la trata de personas].

A razón de ello, fue promulgada la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, sin embargo, su aplicación dista mucho de las verdaderas intenciones del gobierno, constituyéndose como una legislación ineficaz para controvertir el grave fenómeno de la delincuencia organizada, específicamente en actividades relativas a la trata de personas.

Ineficacia, que se hace palpable, esencialmente ante la inadecuada aplicación de dicha legislación, la falta de sensibilidad de quienes operan las leyes, pero sobre todo ante el recurrente problema de corrupción que aqueja al Estado mexicano.

 “Lucila y yo salimos de nuestro pueblo en compañía de “Pepe”, viajamos muchas horas, cuando por fin llegamos a una casa de dos pisos en el sur de México [...] Nosotras pensamos que nos iban a llevar a una casa para hacer limpieza y nos iban a pagar, porque somos pobres, pero no pensamos que fuera a estar tan lejos, nunca antes habíamos salido de nuestro pueblo. Nos llevaron a un cuarto donde había una cama muy grande y más niñas como nosotras, tres de ellas estaban amarrando a otra niña de las manos y los pies y también le pusieron chocolate líquido en su cuerpo desnudo. En el cuarto también estaban otros tres señores con un aparato que nos dijeron que era una videocámara y grababa todo lo que hacíamos. Nos pegaban muy fuerte si alguna no hacía lo que ellos decían, pero se la pasaban gritándonos y hablándonos con groserías”. Lucila y Sandra, 11 y 12 años respectivamente, de Oaxaca, México.[4]

En 1998 Claudia, de 17 años, conoció a Josué Flores en Tenancingo, Tlaxcala, México. Josué se presentó bajo el nombre de “Raúl” y la sedujo con promesas de amor y matrimonio. Inicialmente Josué utilizó el chantaje para que Claudia se prostituyera (“lo harás si realmente me amas”). Luego utilizó la violencia física y las amenazas. Josué la obligó a prostituirse en Irapuato, Ciudad de México y Puebla hasta que en 2003 Claudia cruzó la frontera con Ma. de los Ángeles Velásquez (la cuñada) las dos de forma irregular. En Queens, NY le exigieron que “atendiera” a un promedio de veinte hombres por día. En ningún momento recibió pago por ello. Testimonio de víctima del Caso Carreto, juzgado en EEUU.[5]

Conocer cómo opera fenómeno de la trata de personas, necesariamente implica vincularlo intrínsecamente a la delincuencia organizada, ello es fundamental, entender que para concluir en la “explotación humana”, es necesario, transitar por distintas fases, a saber: la captación [voluntaria, forzosa o fraudulenta], pasando por el transporte [interno o internacional], hasta llegar a la etapa de la acogida de las víctimas.

Proceso, durante el cual, es posible identificar la intervención de distintas personas o grupos organizados en la ejecución de cada una de las fases, así como la comisión de delitos conexos como la privación ilegal de la libertad, corrupción, lavado de dinero, entre otros.

Identificar a las víctimas de trata, requiere de un proceso de investigación que exige conocimiento sobre el tema, a fin de delimitar de manera adecuada cuando se está ante una situación de “explotación”; lo que deberá efectuarse desde una perspectiva legal y criminal; toda vez que los síntomas que refieren aquellas, son de diversa naturaleza, desde reacciones psicosomáticas, psicológicas y sociales, evidencias físicas de abuso, dependencia de sustancias psicoactivas.

Quizá más importante resulte, identificar aquellos factores que elevan el riesgo de ser víctima, los cuales pueden ser:

1. Individuales, como: Baja auto-estima y auto-control, niveles de educación deficientes, falta de información, pobreza y carencias económicas, personas con discapacidades, hogares con numerosos miembros o hacinamiento, con presencia de violencia doméstica, o con presencia de discriminación y violencia por género, adicciones.

2. Estructurales [entorno social]: Falta de oportunidades de empleo digno, políticas económicas como retiro de programas de apoyo al campo y a las familias, inflación etc., urbanización creciente y migración, ambiente social de discriminación racial y de género, fomento del turismo sexual y alta demanda por personas de servicio doméstico, trabajadores en la agricultura e industria, existencia de redes de tráfico de personas con métodos de reclutamiento muy sofisticados, falta eficacia por parte de las autoridades judiciales, desconfianza en las instituciones, falta de redes de apoyo o capital social, políticas migratorias restrictivas que limitan las oportunidades de migración legal, desinterés de los gobiernos por limitar la trata de personas, corrupción.

Crear conciencia, prevenir, y participar en la agenda pública y en la reinserción social de sobrevivientes de la trata, así como dar a conocer la importancia de tener las herramientas para erradicar y prevenir la trata de personas ya que es un grave delito y una violación a los derechos humanos.

Dignificar, concientizar a las personas para que conozcan el valor de un ser humano, sin importar la raza, nivel socioeconómico, creencias, etc.

A razón de lo anterior, es posible concretar, las estrategias eficaces contra la trata deben enfocarse en los tres aspectos que la originan: la oferta, los tratantes y la demanda:

En lo relativo a la primera, la intervención y participación de los órganos gubernamentales es esencial; debido a que se trata de hacer frente a las condiciones que impulsan el fenómeno de la trata de personas con programas que alerten a las comunidades sobre sus peligros, mejorar las oportunidades de educación y sistemas escolares, crear oportunidades económicas, promover la igualdad de derechos, informar a las comunidades de sus derechos legales y ofrecer oportunidades de una vida mejor y más amplia.

Por lo que hace a los tratantes: los programas deben enfocarse a identificar e interceptar las rutas que sistemáticamente son utilizadas por las organizaciones criminales para el transporte de las personas víctimas de trata; definir con claridad las figuras legales que prevén y sancionan ese fenómeno como delito, en aras de evitar que se dificulte acreditar las conductas ilícitas relacionadas con el mismo, en su caso, permitir que se logre enjuiciar y sancionar a quienes atentan y laceran los derechos de las víctimas y de la sociedad misma, sobre todo en el aspecto de la libertad y dignidad humana.

La trata de personas, es uno de los negocios más rentables para las organizaciones criminales, las cuales en México, operan al coludirse con las autoridades, por lo que gozan de impunidad. Por ello, es necesario establecer las responsabilidades en que habrán de incurrir aquellos que omitan la aplicación de la ley, con la subsecuente sanción, pero sobre todo, hacer frente a la corrupción pública que facilita y se beneficia de este comercio y debilita la eficacia de la ley.

Sin embargo, implementar tales estrategias, no constituye tarea fácil, en tanto, como actividad paralela, es imperativo dignificar a los órganos de persecución y procuración de justicia, generar conciencia de la trascendencia y el impacto que la trata permea en el Estado mexicano, en los diversos ámbitos y sectores sociales, económicos, laborales, educativos y de salud; por lo que resulta necesario asegurar una investigación imparcial y eficaz, en protección de los derechos vulnerados.

Es necesario identificar y perseguir a quienes explotan a las personas que han sido objeto de la trata. Para ello se requiere generar todo un proceso de información para concientizar a la población sobre la importancia de la denuncia de quienes prostituyen a mujeres y niños, a los patrones que someten a trabajo forzoso a las personas.

Sin embargo, es inconcuso que la elaboración de programas por parte del Estado, el buen desempeño de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia, incluso la colaboración ciudadana, no tendrán la eficacia requerida, si no existe una adecuada coordinación de los programas locales, estatales, nacionales e incluso regionales de lucha contra la trata de personas, menos aún, sino se efectúa una vigilancia periódica sobre la aplicación y resultado de los mismos.

El conocimiento sobre la trata de personas, no constituye una obligación solo de las autoridades gubernamentales, o de los servidores públicos, sino de todos los ciudadanos, ya que como se indicó, cualquier persona puede ser objeto de la trata de personas

El combate a dicha actividad y específicamente cuando se trata de mujeres y niños, requiere un enfoque multidimensional y una participación activa de varias instituciones federales, estatales y municipales junto con las entidades de la sociedad civil.

Por consiguiente, el combate efectivo de la trata de personas debe mirarse desde una perspectiva integral en la que se incorporen aspectos de prevención, identificación, atención y protección de víctimas y procuración de justicia que incluye, entre otros elementos, legislación y sanción a los tratantes.

Así lo establece el Protocolo de Palermo, el cual declara que, para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas, amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.

IV. Conclusión

Significativamente, debe atenderse el problema de la trata de personas, debe combatirse a partir de diversos aspectos, los más relevantes y trascendentes quizá:

I. La información. Establecer canales de comunicación a través de los cuales, como una actividad de prevención, se informe aún a las comunidades de mayor retraso cultural, social y económico, de los riesgos y efectos de ser objeto de ese fenómeno tan lacerante, de caer en las redes de la delincuencia organizada.

II. Fomentar nuevos valores universales, esto es, cualidades positivas y válidas, como origen de normas de convivencia del ser humano sustentadas en el pilar del respeto a la condición del ser humano, la responsabilidad y el deber, a fin de preservar la libertad y dignidad de las personas.

III. Educación. Se dice que la ignorancia es el opio de los pueblos, refuerza la injusticia, imposibilita la transformación de la realidad; erradicarla, sólo será posible si se implementan canales y programas educativos eficaces, que doten a la población en general, pero sobre todo a los sectores de mayor atraso cultural, de los instrumentos que les permitan discernir de la verdadera realidad que implica contribuir con el crimen organizado, específicamente en la actividad de explotación del ser humano, en su caso, ser objeto de ésta.

IV. Economía. Concentrar la riqueza en unas pocas manos, constituye uno de los temas más antiguos, sin embargo, aun cuando se ha demostrado que ello trasciende negativamente en el fortalecimiento de un estado de derecho; no se han logrado políticas públicas eficaces de distribución de la riqueza; de incentivación de la economía, de inclusión laboral.

Generar empleos, pero sobre todo con una remuneración adecuada, es un quizá uno de los aspectos de mayor trascendencia, quizá uno de los mayores retos del Gobierno mexicano, lo que en gran medida, frenaría la incesante búsqueda de mejores ofertas de trabajo, con ello, el gran número de personas que migran a otros países, específicamente a Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades que les hacen presa fácil de caer en manos de grupos pertenecientes al crimen organizado, especializados en la trata de personas.

V. Leyes migratorias. Se ha dicho que uno de los factores que propician que México sea uno de los países que en América prolifere mayormente el delito de trata de personas, es sin duda alguna su situación geográfica, al constituir el paso obligatorio de extranjeros provenientes de centro y Sudamérica, que pretenden arribar a Estados Unidos de América; las condiciones de vulnerabilidad de aquellos causadas, por sus precarias condiciones económicas, educativas, incluso de lengua, constituyen el foco rojo que convoca al crimen organizado a fin de reclutarlos, en el mejor de los casos, como sus miembros, en peores circunstancias, como objetos de comercio humano [sexual y laboral, incluso para el tráfico de órganos].

Por lo que de modo imperativo, se deben consensar políticas migratorias, que dignifiquen los derechos de los migrantes, y con independencia de su nacionalidad y condición social, les sean tutelados de manera efectiva sus derechos fundamentales.

VI. Legislar. Crear nuevos ordenamientos legales, cuya prioridad debe ser prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, además de dignificar a las personas que han sido objeto de la misma, es una de las labores más apremiantes de los Estados.

VII. Sin embargo, la creación de normas resulta estéril, si no se tienen aplicadores comprometidos con la sociedad, debidamente capacitados, pero sobre todo dotados de valores que les permitan hacer frente a los actos de acoso por parte de la delincuencia organizada; sensibilizados en el tema de la trata de personas, que les dote de los medios suficientes para evitar revictimizar a quienes han sido víctima de trata.

Aplicar las leyes, no es tarea fácil, sin embargo, sin duda la preparación de los operadores del derecho en un alto porcentaje es garantía de buenos y eficaces juzgadores.

VIII. Desterrar el factor de la corrupción en las altas esferas gubernamentales, tarea nada fácil, pero no imposible; la cual es responsabilidad no solo de las autoridades, sino de la sociedad en general, contribuir a la corrupción, es palpable en las acciones más insignificantes; por ello es posible aseverar que todos formamos parte del problema, por consiguiente, todos estamos obligados a oprimirlo, esencialmente a través de la denuncia, pero sobre todo, se insiste en la dignificación de los valores.

IX. Conciencia jurisdiccional. Los juzgadores, en la ardua tarea de impartir “justicia”, ante un hecho concreto vinculado al fenómeno de la trata, debe analizar en concreto el hecho fáctico a partir de una perspectiva de género, en el entendido que las principales víctimas de la delincuencia organizada en relación con actividades de explotación humana, son mujeres y niños, en circunstancias de vulnerabilidad.

De tal manera, si bien, los juzgadores deben pugnar por un trato equitativo de la ley para hombres y mujeres, es necesario que atiendan a las circunstancias específicas de cada suceso particular que se juzga, sin que se pretenda obtener una identidad de trato en todas las situaciones fácticas; no obstante, se hace necesario que cuando se requiera evidenciar esas diferencias, se efectúe dentro del marco legal, de manera justificada, con apego a la normatividad interna e internacional, que permita permear el reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y niños.

X. Tutela judicial efectiva, a través del debido proceso. Advertir que aquello que aparece como una diferenciación formalmente razonable [diferencias sociales, económicas, sexuales, religiosas], no encubre o permite encubrir una discriminación contraria a lo dispuesto por la ley.

Es necesario poner de relieve las situaciones concretas que enfrentan los grupos de personas dentro de la sociedad, por ello, se requiere del análisis y aplicación de las normas de manera neutral respecto de hombres y mujeres, en tanto actualmente las leyes se comprenden como equitativas; sin embargo, somos los juzgadores quienes podremos hacer realidad dicha premisa, el papel de quien interprete el Derecho es fundamental, debido a que una resolución puede modificar las diferencias y desigualdades entre las personas.

Juzgadores sensibilizados y capacitados conformados bajo esquemas de tutela de derechos fundamentales, a fin de que sean capaces de discernir, la verdadera esencia y objetivo de la aplicación de las leyes en materia de trata, esto es, resarcir a las víctimas de aquellos derechos lesionados; con conciencia suficiente para visualizar que su actuación debe estar a la interpretación más favorable en tutela judicial efectiva, al servicio de quienes son más vulnerables.

 

[1] Moya Delgado Octaviano, Yanet Hernández Medina. “Estudio sobre la trata de personas en México”. Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Dirección General de Estudios Legislativos: Investigaciones Sociales. Diciembre 2010.

[2] Ezeta Fernanda. OIM México. “Trata de personas: aspectos básicos”. Organización Internacional para las Migraciones. Comisión Interamericana de Mujeres. Instituto nacional de Migración. Instituto Nacional de las Mujeres. Primera edición, Mayo 2006. Pág. 22.

[3] Aboso, Gustavo Eduardo. “Trata de personas, la criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual”, Euros Editores, Argentina 2013.

[4] Ezeta Fernanda. OIM México. Ob.cit., pág. 24.

[5] Ibídem.

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