Buenas prácticas para combatir la trata en el mundo

Gabriel Bustamante Peña
Abogado de la Universidad del Cauca, Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, Subdirector de Participación de la Unidad para las Víctimas de Colombia

Guerra y trata de personas en Colombia

Colombia esta ad portas de poner fin a un conflicto armado de más de 50 años de duración, confrontación que deja una lamentable situación de crisis humanitaria donde se suman más de 8 millones de víctimas, de las cuales cerca de 7 millones son desplazados internos, más de 50.000 desaparecidos, cerca de 15.000 víctimas de violencia sexual declaradas, entidades como ACNUR[1] hablan de cerca de 400.000 colombianos refugiados en el exterior, y además, la condena a la miseria y el subdesarrollo de poblaciones enteras, pertenecientes a extensas zonas del territorio azotadas por la violencia histórica y la exclusión.

Por lo anterior, cualquier acercamiento a la realidad colombiana, necesariamente deberá estar cruzada por la guerra, por sus consecuencias y su degradación en el tiempo. Y con mayor razón, aquellas violaciones a los derechos humanos, como la trata de personas, que se entrelazan con el conflicto armado, se invisibilizan con el mismo y se potencian y diversifican con situaciones particulares en medio de la guerra.

Una confrontación armada tan extendida en el tiempo genera situaciones de degradación inimaginables en otros contextos. Asi, la trata de personas, se convierten incluso en parte –ilegítima- de las acciones bélicas, alimentando las tropas del conflicto, financiando la guerra o convirtiéndose en parte de la degradación a la que llegan los combatientes. En este contexto, las conductas de mercantilización y explotación del ser humano se confunden con el conflicto armado hasta desaparecer por el pragmatismo de la guerra, lo cual invisibiliza la trata de personas y la hace más dificil de combatir en medio del caos de la violencia generalizada y el miedo paralizante que cubre poblaciones enteras. Además, la prioridad de las políticas centradas en el conflicto armado, hacen perder el foco de un delito como la trata de personas, que requiere una mirada particular del fenómeno dentro de la violencia en Colombia.

La trata de personas en medio del conflicto alcanza niveles de violación a los derechos humanos mucho mayores que en situaciones de ausencia de guerra, y los casos son tan aberrantes que es difícil demarcar si estamos hablando de trata de seres humanos contra seres humanos o de lo más abominable que puede esperarse de bestias sin control, sin límites imaginables de descomposición.

Los llamados “falsos positivos”, donde miles de jóvenes humildes, de sectores excluidos de Colombia fueron reclutados con una promesa de empleo, transportados a zonas lejanas, vendidos a militares, y torturados y ejecutados por estos para ser presentados como guerrilleros dados de baja en combate y poder así cobrar el dinero de las recompensas y acceder a ascensos militares y licencias. O casos como el presentado en el colegio Nuestra Señora del Rosario, del corregimiento el Riachuelo, en Charalá, Santander, donde por cerca de tres años, los paramilitares abusaron sexualmente de niñas entre los 10 y los 14 años, que eran escogidas en reinados organizados por los propios comandantes, en complicidad con la rectora del plantel educativo, y donde además los niños fueron obligados a realizar actividades delictivas en el marco del conflicto armado, son situaciones  que hoy hacen parte del paisaje de la guerra, y no se les mira desde la optica de la trata de personas, como debería ser. 

El conflicto armado ha generado millones de víctimas, donde la gran mayoría, no solo han sufrido la pérdida de sus familiares, o el menoscabo físico de sus capacidades, o el dolor fisico o sicológico de la guerra en su propio ser, sino que también les ocacionó la pérdida de sus lasos comunitarios, políticos, económicos y sociales, y los ha arrancado de sus contextos naturales, especialmente rurales, para expulsarlos a escenarios ajenos a su modus viviendi, donde de la noche a la mañana pasaron de vivir su cotidianidad a sobrevivir en medio de la miseria y la inseguridad de todo tipo. Dichas situaciones hacen que sean las víctimas del conflicto armado, las más susceptibles y vulnerables a ser nuevamente víctimas, pero esta vez de la trata de personas, en un círculo vicioso donde siempre es la guerra el hilo conductor de sus desgracias.

La guerra ha dejado cientos de miles de hogares destrozados, donde en la mayoría de los casos son los hombres quienes caen asesinados, son desaparecidos o simplemente huyen dejando sus hogares a cargo de las mujeres. Mujeres viudas o abandonadas a cargo de sus niños y niñas, y en muchas ocasiones, a cargo también de hogares con ancianos y personas en condición de discapacidad  que huyen con ellas hacia lugares desconocidos, especialmente las grandes urbes colombianas. Dichas mujeres llegan a sobrevivir como sea, y es está situación la que las hace, a ellas y sus familias, especialmente vulnerables a caer en las redes de los tratantes de personas, quienes mayoritariamente tienen fuertes vínculos con los actores de la guerra: guerrillas, paramilitares y, desgraciadamente, hasta algunos miembros de la fuerza pública.

Los “señores de la guerra”, además, son quienes manejan los “negocios” de explotación de seres humanos, especialmente de mujeres, niños y niñas, quienes son presas fáciles en territorios donde con mayor intensidad se desarrolla el conflicto armado, y terminan siendo reclutados, tanto para labores propias del combate (mensajeros, guardias, combatientes), como para esclavizarlos sexual o servilmente. Además, la trata de personas se suma a la serie de actividades ilícitas que financian la guerra, como el narcotráfico o el secuestro extorsivo, lo que hace que se potencie, en el marco del conflicto, la explotación a gran escala de seres humanos, situación que además se invisibiliza por el conflicto mismo.

Hoy en el marco del proceso de paz con las FARC y de las conversaciones previas al proceso con el ELN, por ejemplo, se habla de colaboración activa para desestructurar las redes del narcotráfico, o acabar con el delito del secuestro por parte de estas guerrillas, pero aparece invisible el tema de la trata de personas. Recientemente las FARC se comprometieron a no reclutar menores de edad y entregar a quienes hacen parte de sus filas, y a pesar de lo notorio de este hecho, nunca se ha hablado de trata de niños y niñas en medio del conflicto.

Mientras escribía estas líneas, la policía de Colombia ha puesto sus ojos sobre el Clan Usuga, temible banda paramilitar, a quien acusa de explotar sexualmente niñas y mujeres en gran parte de Colombia, y hace pocos días, se llevó a cabo una operación entre el ejército y la policía de Colombia en el sector conocido como el Bronx, en todo el corazon de Bogotá, a unas pocas cuadras del palacio de Nariño y de la Catedral, donde además de armas de todo tipo (pistolas, ametralladoras, granadas, etc), espendios de droga, se encontraron personas secuestradas y lo más aberrante, más de 200 niños y niñas que estaban siendo explotados sexualmente.  

Como dijimos, el problema de la trata se mezcla con el conflicto y se complejiza, por ejemplo, los paramilitares, hoy convertidos en bandas criminales, manejan bajo su poder militar y territorial a algunas poblaciones vulnerables, y parte de esa dominación la ejercen sobre mujeres y niñas, las cuales son tratadas como botín de guerra; o no es menos diciente el caso de muchos guerrilleros de las FARC, que fueron reclutados cuando niños, osea son víctimas de trata, pero al cumplir la mayoría de edad pasan de ser víctimas a victimarios. Abordar el tema del conflicto, las medidas de desmovilización de combatientes, de desvinculación de menores, de colaboración con la justicia desde la perspectiva de la trata de personas, dará un vuelco total al tema de la guerra y las negociaciones de paz, y generará un marco de actuación mas efectivo en la lucha contra las redes de tratantes que sobrevivirán a la guerra a través de otras formas de violencia, las bandas criminales, por ejemplo.

Acercamiento a la política contra la trata de personas en Colombia

Colombia es hoy considerado el segundo país latinoamericano con mayor número de víctimas de trata transnacional, pero también país de tránsito y destino. Y hemos empezado a descubrir que el fenómeno de la trata interna es mucho mas grave de lo que se sospechaba. La OIM, por ejemplo, habla de 70.000 víctimas de trata al año en Colombia.

Colombia ha dado un paso muy grande al aceptar la existencia del fenómeno de la trata y comenzar a combatirlo. Al principio, solo desde la optica de ser un delito de la delincuencia organizada transnacional, que dió como resultado el fomento de mecanismos de cooperación bilateral y regional para combatir las redes de tratantes y asistir a las víctimas.

Bajo esta lógica de delito transnacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores logró suscribir 8 acuerdos bilaterales de cooperación para prevenir y enfrentar la trata de personas y asistir a las víctimas. Colombia es parte también de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y del Protocolo complementario para prevenir y reprimir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.

En materia legislativa el país también cuenta con grandes avances: la misma Constitución Nacional, en su artículo 17 expresamente prohibe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. En el año 2003 se aprueba la ley 800 que adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas; en el año 2005 la ley 985 que trae medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas, crea el Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, descentraliza la política por medio de los comités distritales, departamentales y municipales, exige la creación de una estrategia nacional contra la trata y programas de asistencia inmediata y mediata.

Pero a pesar de los actuales esfuezos del gobierno colombiano por visibilizar la trata de personas, el camino para lograr acciones efectivas aún es muy largo. Por ejemplo, la trata interna no tiene hoy registros confiables, y basa su estadística en las denuncias penales, que son una inmensa minoría, y además, no se tiene aún un consenso entre los actores judiciales y otros organismos del Estado, de ¿en qué situaciones se está ante un posible caso de trata de personas?

A pesar de las recientes campañas pedagogicas al interior del país todavía hay mucha desinformación, tanto en funcionarios públicos que pueden ser claves en la lucha contra la trata, como de las mismas víctimas de trata, que ni saben que lo son, y una sociedad civil desentendida del fenómeno de la trata, que ni lo conoce, ni le importa. Tanto a la ley, como a la estrategia nacional y los planes territoriales les falta difusión y mayor participación ciudadana, los comités son aún muy débiles y no tienen presupuestos fuertes para la dimensión del problema, y los más grave, ante el gran número de casos de trata son muy pocas las denuncias y mucho menos las condenas proferidas.

A esto, hay que agregar que Colombia, según el Banco Mundial (2016), es el segundo país más desigual de América Latina, después de Honduras, situación que también está intimamente ligada a esta guerra de más de 50 años, ya que, por ejemplo, la propiedad y concentración de la tierra, donde se calcula que el 77,6 % de la tierra está en manos de tan solo el 13,7 % de la población (Ibañez 2010), ha sido fruto del aprovechamiento del conflicto armado, en el marco del cual, tan solo en los últimos años, se despojaron más de seis millones de hectáreas a los campesinos, indígenas y pueblos afrodescendientes. Situación que, entre otras, generó la necesidad de crear una ley de víctimas y de restitución de tierras, y que es el centro también del actual proceso de paz con las FARC, lo cual ha sido objeto de una oposición política, social y armada en el país (el ejército anti-restitución). 

Los acuerdos de paz de la Habana, como mencionamos, aún no tienen como punto determinado y específico el tema de la trata de personas, pero si han desarrollado todo un sistema integral que busca la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y compromisos muy importantes sobre derechos humanos de las víctimas, sistema que deberá involucrar la trata de personas en el marco del conflicto armado, con el fin de atacar las redes de tratantes que necesariemente actuaron en el contexto de la guerra, y que de no ser desarticuladas sobrevivirán al conflicto y mutaran hacia otras formas de violencia y de economía ilegal.

Por esto es de suma importancia en la lucha contra la trata de personas que el proceso de paz reconozca a las víctimas como ciudadanos que deben gozar plenamente de sus derechos; reconozca la responsabilidad frente a las víctimas; permita su participación activa en la aplicación de los acuerdos; busque el esclarecimiento de la verdad no sólo en las causas y orígenes de la guerra, sino también en sus efectos (la trata de personas en el marco del conflicto, por ejemplo); persiga la reparación de las víctimas, el restablecimiento de sus derechos y la transformación de sus condiciones de vida; busque garantías de protección, seguridad y sobre todo de no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

En este marco de garantías para las víctimas, los acuerdos de paz han generado acuerdos en la creación de instrumentos que pueden ser esenciales para la lucha contra la trata y la desarticulación de las redesde tratantes como son:

1.    La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, en la cual debe existir un grupo de trabajo que analice los fenómenos de trata de personas en el marco del conflicto, señale responsabilidades, desnude las redes de trafico de personas que se desarrollaron en el marco de la guerra, o en ocasión de la misma, y genere un proceso de verdad histórica frente a este flagelo con el fin de prevenir que dichas redes sigan operando en el postconflicto, se proteja efectivamente a las victimas que queden vulnerables a ser nuevamante violentadas, especialmente mujeres, y niños y niñas, para asegurar la no repetición de estos hechos de mercantilización de seres humanos.

2.    La Unidad Especial para la búsquedad de personas dadas como desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, la cual se convierte en una herramienta fundamental para el proceso de rescate y atención de las víctimas que en el marco de la guerra estén aún bajo las redes de tratantes, vinculadas forzosamante a los grupos armados, o que murieron en el desarrollo de las acciones ocasionadas por la trata, sin que sus familias tengan noticias de ellas.

3.    La Jurisdicción Especial para la Paz, que establece los términos en los cuales se desarrollarán mecanismos judiciales que permitan la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos, como la trata de personas, con mecanismos extrajudiciales que permitan esclarecer la verdad de lo sucedido, contribuyan a la busqueda de los seres queridos desaparecidos y busquen la reparación de las víctimas.

4.    La Unidad de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, la cual se puede convertir en una herramienta clave para atacar las redes de tratantes vinculadas actualmente a los grupos armados: guerrillas, bacrim y sus redes de apoyo y financiamiento; lo mismo que a elementos corruptos de la fuerza pública.

El fin del conflicto debe ayudar a garantizar que violaciones graves a los derechos humanos, como la trata de personas, cesen definitivamente y se de plena garantía a las víctimas en la satisfacción de sus derechos. Terminar la guerra, además, permitirá que las comunidades se expresen sin miedos, ni presiones armadas, que los responsables de violaciones a los derechos humanos asuman responsabilidades buscando que esto jamás vuelva a ocurrir.

Todo el sistema integral que trae los acuerdos de paz hace especial énfasis en la protección de las mujeres, y de los niños y niñas víctimas, que no pueden volver a caer nunca más en redes de explotación sexual o servilismo, pero esto solo será posible si Colombia logra cerrar el ciclo de la guerra y toma consciencia que un país en paz sólo será posible cerrando las brechas de desigualdad social, que generan las vulnerabilidades de estas poblaciones, y siendo cero tolerante con la explotación y la trata de las personas.    

Trata y mercantilización de la vida y del ser humano

Transversal a todo lo anterior, se encuentra la cultura de lo desechable (del descarte nos dice el Papa Francisco), junto a la mercantilización del mundo (incluido el ser humano), que hacen que poco o nada nos importe la vida y por eso socavamos el planeta al punto de ponerlo en riesgo y, de la misma forma, desechamos vidas humanas en nombre de la “estabilidad económica”, o permitimos que se den las formas de explotación de seres humanos tan degradantes como la trata de personas. Crímenes frenéticos contra el planeta y contra el ser humano que se conectan en comportamientos compulsivos guiados por el ánimo insaciable de lucro y el individualismo propio de la época.

De entrada deberíamos comprender que la mercantilización de las personas es un acto inaceptable desde todo punto de vista, tenemos que ser radicales en rechazar que la vida humana sea dispuesta como un bien de consumo, como una mercancía más puesta ante el frenesí del lucro económico.

El imperativo ético kantiano de la persona como fin en sí mismo, y nunca como medio, naufraga hoy bajo las leyes del mercado: mientras haya alguien dispuesto a comprar un ser humano, habrá quien quiera lucrarse y lo venderá. No puede el mundo permitirse esta aberración de poner la humanidad misma bajo las disposiciones de la oferta y la demanda. Y el remedio de fondo, como bien lo anota el Papa Francisco, es el cambio de actitud, avanzar hacia una nueva cultura de relacionamiento con la naturaleza, los demás y con nosotros mismos, hay que combatir de raiz el paradigma individualista y de la competencia sobre el cual se sienta el modelo económico actual, ya que sin lasos de solidaridad y fraternidad será imposible combatir ni la irracional explotación humana, ni la del medio ambiente.

Frente a lo anterior, el Papa Francisco nos advirte: “la cultura del relativismo es la misma patología que impulsa a una persona a aprovecharse de otra y tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños o al abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses”.

Y frente a la conexión de este comportamiento en el marco de la actual compulsión económica de explotación de la vida, anota: “es la lógica interna de los que dicen: dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son inevitables”. Y termina concluyendo: “Sino hay verdades objetivas, ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas: ¿Qué límites puede tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico?” “¿No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o utilizarlos para experimentación?”

Respecto a la calidad de vida el Laudato Si nos dice claramente que: “la carencia extrema que se vive en algunos ambientes facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación de las personas por parte de organizaciones criminales”

Termino esta intervención dando nuevamante gracias al Papa Francisco por su compromiso con la paz de Colombia y tenga por seguro Monseñor Marcelo Sanchez Sorondo que las Valiosas reflexiones del Laudato Si, necesariamente las tendremos que tener en cuenta en este momento histórico que vive Colombia, con el proceso de paz actual, ya que, involucrar la perspectiva de la trata de personas podría hacer que el proceso de paz ayude enormemente a combatir este delito, genere acciones de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para las víctimas de la trata, y lo más importante, parar la guerra puede significar acabar de raíz los factores estructurales que sostienen los fenómenos de trata en Colombia, y avanzar hacia lo que nos enseño Paulo VI: que el la justicia social es el verdadero nombre de la paz.

[1] Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados

Related

Proceedings of the 2016 Judges' Summit

Proceedings of the 2016 Judges' Summit on Human Trafficking and Organized Crime 3-4 June... Read more