Buenas prácticas para combatir la trata en el mundo

Guillermina Cabrera Figueroa
Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con la Trata de Personas de la PGJEM
México

Saludo

Estimado Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias, reciba un cordial saludo del Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México y del Lic. Jaime Alejandro Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de México; colegas ponentes; jueces, magistrados, y asistentes de todo el mundo; me siento honrada por participar en esta Cumbre para compartir mi visión y experiencias respecto a este flagelo que me ha tocado perseguir en México. Mi intención es exponer sobre lo que considero buenas prácticas para combatir el delito de trata de personas. Son pocas las oportunidades en las que se puede hablar sobre lo que sucede en campo y espero arrojar luz sobre este punto, según la visión del gran líder su Santidad Papa Francisco.

Para esto, primero platicaré quién soy, qué hago, en dónde estoy, con quiénes trabajo y cuál es el contexto; para después compartir retos y buenas prácticas. Al final diré recomendaciones y situaciones por resolver con ayuda de ustedes y la comunidad internacional.

Introducción

Mi experiencia laboral se ha enmarcado en el Poder Ejecutivo, al realizar las funciones de procuración de justicia en tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Local. Actualmente soy Fiscal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el cual es una de las 32 entidades federativas que componen a la República Mexicana. Su extensión es mayor a 22 mil km2 (poco más grande que Eslovenia). Además, con una población de 15 millones, es la entidad más densamente poblada del país, con grandes tasas de desigualdad y una orografía accidentada. La fiscalía cuenta con un equipo de 30 personas para cumplir con sus funciones en todo este territorio, representando un verdadero reto en la procuración de justicia. No obstante, hemos podido realizar acciones positivas, mencionaré las más importantes.

Retos personales

a)    Diferencias de género. Durante el desempeño de mi trabajo en las diversas fiscalías a las que he pertenecido, me he enfrentado con la desigualdad del trato con el género masculino, debido a conflictos de intereses y por las rivalidades que surgen al no entender en ocasiones que se deben unir talentos y esfuerzos para realizar el trabajo en conjunto y lograr los objetivos institucionales.

b)    Grupos de interés. Mi meta es siempre procurar justicia con profesionalismo, honestidad, principios y valores. Sin embargo, fui violentada por varones y mujeres con poder, entre ellos firmas de abogados influyentes, que buscaban disminuirme en el cumplimiento de mis funciones.

c)    Condición de género. El reto más grande que he enfrentado ha sido el ser mujer, esposa y madre, roles nada fáciles de combinar con la labor como fiscal que he desempeñado. Pues no se debe perder de vista que se necesita a la familia durante el desempeño de la función pública. Esta no debe hacerse de lado, sino debe mantenerse unida y en equilibrio porque es la que nos impulsa.

Retos y buenas prácticas en la Fiscalía

1.    Empatía y sensibilidad. En el rescate de víctimas nos hemos topado con la resistencia de estas hacia la autoridad. No cooperan con la información requerida ni quieren ser reubicadas para su recuperación, ya que no se identifican como tales. Gracias a esto reflexioné que previo a mi actual trabajo, combatí a la Delincuencia Organizada a nivel federal en la Procuraduría General de la República, en donde tenía contacto con integrantes de los grupos delictivos. Debía ser dura, eficaz, directa, y mantener en todo momento el objetivo de obtener información y resultados. Sin embargo, ahora como Fiscal contra la Trata de Personas, tuve que cambiar mi acercamiento como autoridad, aprendiendo a sensibilizarme y a mi equipo con el trato a la víctima, priorizando su rescate y bienestar generando una esfera de confianza a través de una protección multidisciplinaria: Psicólogos para sus terapias, médicos para atender su estado físico derivado del delito del cual fueron objeto, trabajadores sociales para ayudarles a realizar un proyecto de vida que sirva para su reintegración social. Esto me ha permitido, por un lado, poder obtener información para las investigaciones que se desarrollan, y por otro, garantizar la recuperación de la víctima con base en los principios rectores enmarcados en la ley general y estatal sin algún tipo de discriminación.

2.    Equipo de trabajo. Sin duda, tener un equipo fuerte permite mejores resultados. Cuando llegué a la Fiscalía, el personal que se encontraba no estaba especializado para combatir el delito ni atender a las víctimas, generando conflictos laborales y obteniendo resultados deficientes. Tuve que depurar e integrar mi equipo de trabajo en más de dos ocasiones; evaluando al personal y aprendiendo a fortalecer sus capacidades, para así obtener el perfil adecuado. Se ha capacitado al equipo con apoyo de instituciones nacionales y con la Embajada de Estados Unidos, aumentando sus competencias para mejorar y perfeccionar el trabajo cotidiano.

3.    Recursos materiales. Se habla mucho de la adecuación óptima para perseguir el delito, sin embargo, al iniciar en la fiscalía contaba con infraestructura deficiente; por ejemplo, solo contaba con 2 patrullas para nuestras funciones en todo el Estado, pero no me dejé vencer ni utilicé este vacío como excusa. Busqué apoyo dentro de la misma institución y con otras instituciones, logrando aumentar en 400% los recursos materiales necesarios para crear dicha infraestructura que hoy nos permite trabajar y entregar mejores resultados.

4.    Cooperación interinstitucional. Hace falta mayor sensibilización en la materia tanto de jueces como de magistrados, quienes son los encargados de administrar justicia y velar por el respeto estricto de los derechos humanos. Uno de los casos a los que nos hemos enfrentado es el siguiente. Se tuvo conocimiento de que un grupo de personas explotaba a menores de edad. Se solicitó cateo para el rescate de los menores y la detención de los imputados, el cual fue otorgado. Se detuvo a una de las personas involucradas y se solicitó orden de aprehensión y fue concedida. Sin embargo, el mismo juez no vinculó a proceso, es decir la apertura a la investigación, porque consideró que no había delito, por lo que el imputado quedó en libertad y la familia del menor ha sufrido amenazas por denunciar. Como contexto, México se encuentra en una fase final de transición gradual de su sistema de justicia penal. Se adoptará este sistema en su totalidad en este mes, pero ya estaba implementado en el Estado de México cuando llegué en 2013. Ahora los juicios son bajo un sistema acusatorio, adversarial y oral, regido por un código nacional, el cual permite garantizar en mayor medida los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales se prioriza el interés superior de la infancia. Esto permitió facilitar la apelación de la resolución ante magistrados de la Sala Penal, los cuáles otorgaron la vinculación a proceso por trata en la modalidad de explotación laboral.

5.    Reparación del daño. Este concepto aún resulta nuevo en México. En las primeras sentencias se enfocaba al castigo del imputado, pero no se solicitaba que se pagara o realizara acciones para reparar el daño a la víctima. Esto requiere una visión integral jurídica, no solo apoyándonos con la ley que prevé el delito de Trata de Personas, sino utilizando leyes locales, federales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hemos peleado ferozmente para proteger y salvaguardar su identidad, no revictimizándoles, tomando sus declaraciones en compañía de personas de su confianza, representante legal, y personal especializado, respetando sus derechos, en especial cuando son niñas, niños y adolescentes, como lo establece la ley. Esto no ha sido fácil, pues muchos defensores han buscado que prevalezcan los derechos del imputado sobre los de las víctimas.

6.      Técnicas de investigación. El delito de trata no es fácil de investigar ya que requiere de más tiempo que otros delitos, así como de labor de inteligencia. En el 2013, se incluyeron en el código de procedimientos penales del Estado de México diversas técnicas de investigación que han facilitado la obtención de otros datos de prueba. Desde la Fiscalía, hemos decidido hacer uso de esas técnicas para investigar este delito, obteniendo de ello pruebas lícitas, que permiten fortalecer el dicho de las víctimas, respetando en todo momento la legalidad y sin violentar los derechos humanos, entre ellas las siguientes:

a)  La intervención de comunicaciones privadas.

b)    La extracción de información en aparatos electrónicos.

c)    Operaciones encubiertas en sus diferentes modalidades.

d)    La infiltración de agentes.

e)    El empleo de informantes.

f)      El ofrecimiento de recompensas.

g)    Uso de la figura del arrepentido, y;

h)    Programa de denuncia anónima.

 

Caso “Nena”

Ahora les presento el caso denominado “Nena”, el cual representa muy bien las acciones que hemos realizado en la Fiscalía.

“Nena” es una adolescente que fue rescatada en un operativo fuera de un hotel en el Estado de México.

•             Cuando la encontramos, tenía 14 años y trabajaba brindando servicios sexuales, que dentro de la zona de explotación eran considerados como de los mejores porque ella ofrecía un servicio sexual con trato de “novios”, incluyendo besos, posiciones sexuales y penetración por donde lo decidiera el cliente por la cantidad de $1500 MXN (€75).

•             Se le aplicó el protocolo establecido, pero se mostró renuente y no cooperó. Rindió una declaración escueta, omitiendo datos fundamentales para la investigación. Fue fiel a su tratante por considerar que él la protegía ya que le brindaba amor, atención y apoyo económico; condiciones que carecía en su hogar.

•             Se buscó un lugar que garantizara atención integral y medios para su resocialización, el cual fue la Fundación “Camino a Casa”. A través de la atención que se le brindó, se logró la confianza de la víctima, recuperó su amor personal, la confianza en sí misma y su dignidad.

•             En esta ocasión, cuando llegó el momento para declarar ante el Juez de Juicio Oral, refirió que en realidad ella entabló amistad con un conocido de su entonces novio, del cual estaba enamorada porque le prometió matrimonio. La relación terminó, pero Nena buscó al amigo para que le ayudara a regresar con el novio. Este aprovechó la situación de vulnerabilidad y se ganó su confianza. A partir de esto, la ofreció a través de una página web, trasportándola a los hoteles para después iniciarla en los servicios sexuales, sometiéndola a actos aberrantes. La vendía con clientes de hasta 60 años, la obligaba a tener relaciones con otras mujeres mientras él las observaba, y después de varios encuentros con los clientes, él le pedía que relatara todo a detalle. También solía pintarle el apodo de él por todo el cuerpo de ella y la grabó diciéndole “eres mía”. Gracias a su tiempo en la Fundación, se empoderó y se dio cuenta del daño que le causaba el sujeto.

•             Con esta declaración, tenemos una de las pruebas contundentes para que un Juez la tome en consideración y pueda emitir sentencia; y Nena está en un buen camino para su resocialización.

Consideraciones y recomendaciones

Los resultados que hemos obtenido me llenan de orgullo pues se ha logrado con apoyo de la Sociedad Civil, como la “Fundación Camino a Casa”, que las víctimas rompan el silencio de su historia de vida y nos refieran con verdad el sufrimiento que vivieron en manos de sus tratantes, en las diversas modalidades del delito. Debo señalar que el punto de inflexión fue cambiar la postura de la Fiscalía hacia la víctima, haciéndola el centro de protección.

Aun así, hay mucho por hacer frente a este problema. Por lo tanto, debo señalar dos situaciones que considero más relevantes para lograr mejores resultados.

En primer lugar, se debe desarrollar y compartir métodos para sistematizar la información criminal: En la procuración de justicia es prioridad obtener los datos que permitan conocer la incidencia delictiva por zona, el perfil de las víctimas, el perfil de los tratantes, entre otras variables criminológicas.

En segundo lugar, considero conveniente la sanción penal al consumidor de servicios sexuales para desalentar la demanda. En la Ley General de Trata de Personas aplicable en México se sanciona con pena de 2 a 40 años de prisión al que adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para cualquier de los delitos previstos en esa ley, siempre que el consumidor tenga certeza de la situación de la víctima.

Por otra parte, existe evidencia en Suecia sobre los resultados positivos en cuanto a la disminución de la solicitud de servicios sexuales sancionando a los clientes. Esta propuesta prometedora podría expandirse a las demás modalidades que componen a la trata de personas. Sin embargo, aún se deben estudiar diversos casos y considerar sistemas jurídicos, condiciones estructurales y contexto internacional para poder saber el alcance de esta medida.

Finalmente, Monseñor Marcelo Sorondo y miembros de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, enfatizo que el combate a la trata de personas no se trata de cumplir con cifras, sino de devolverle la esperanza a una persona. Ustedes cuentan con una aliada y también cuentan con los mexicanos que firmamos esta declaración para que en México se cumplan los objetivos de la misma y que México sea parte de esa nueva historia.

Muchas gracias.

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