El esfuerzo de los tribunales mexicanos en el ataque a la trata de personas

Mgdo. Edgar Elias Azar
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
México 

La trata de personas es el segundo negocio ilícito más rentable del planeta, sólo detrás del narcotráfico. Se reportan por Naciones Unidas ganancias de tan infame procedencia por más de 35,000 millones de dólares americanos al año. De ahí su enorme potencial dañino; su atractivo para muchas empresas criminales; su capacidad de movimiento global; y la complejidad para su prevención y erradicación.

Se calcula que cada año se dedican a esa criminalidad más de 800,000 personas a lo largo y ancho de la Tierra. Se han identificado por las agencias internacionales más de 2 y medio millones de personas víctimas de esta práctica tan cruel y devastadora, pero bajo la circunstancia de que la cifra negra en esto es muy notable, pues se calcula que se identifica sólo a una víctima por cada 20 realmente sometidas al crimen organizado para sus propósitos.

Así las cosas, cerca de la mitad de las víctimas son explotadas para el comercio sexual y poco más del 35% se dedican a la explotación laboral en diversas formas de servidumbre e incluso esclavitud; y del total victimizado, sólo el 15% se trata de varones mayores de edad, pues las mujeres adultas comprenden más del 60% de personas explotadas y son niños y niñas, menores de 15 años de edad el resto de personas que sufren está acción tan atroz e intolerable.

Prácticamente todas las naciones del mundo, más de 198 países reportan problemas relacionados de diversas maneras con la trata de personas. Es, en realidad, una terrible manifestación de los procesos de globalización en los que vivimos desde hace ya varios lustros.

Aclaro: se utilizan términos como globalización, internacionalización, transnacionalización o universalización, indiscriminadamente, para referir el Fenómeno de la Mundialización.

En realidad, se ha tratado, con esas expresiones variadas y dispersas, además de equívocas, de reconocer el fin del Ghetto nacional; la "porosidad" de las fronteras y la interdependencia, más o menos relevante de los fenómenos sociales, entre los que – desde luego –, se inscribe con puntualidad y alto sentido de la prioridad, la delincuencia organizada.

Desde luego, esto fragiliza fronteras y divide a las antiguas comunidades nacionales. Con ello, se da un primer factor de la mundialización: el individuo deja de reivindicar su asidera estado nacional, y se refugia o se acerca al menos, a identidades múltiples, móviles, volátiles, cada vez menos territoriales.

Por supuesto que quiénes más colaboran a la prosperidad de éste acontecer, son: el progreso tecnológico, el de las comunicaciones, el de las nuevas estrategias empresariales; sin olvidar los intercambios económicos, formales o informales; los desplazamientos migratorios; la difusión rápida y penetrante de ideas o modelos a escala mundial. Todo esto y más, transgrede las convenciones, hasta hoy conocidas, de la geografía política.

Así, parece que trascendemos en ésta hora del mundo, de una organización consensual de instituciones y gobiernos, a otra, desconectada de esos consensos que parecían firmes, totalmente espontánea, más que convenida y sustentada en los intereses de aquellos protagonistas – civiles y anónimos muchas veces –, y no del Estado-Nación.

Es evidente que éste nuevo orden, no sólo trastoca al viejo sistema de convenciones y soberanías, soslayando sus potencialidades, reglas y convenciones institucionales y apareja conflictos y tensiones por resolver.

En éste nuevo orden, eminentemente sociológico, se inscribe, prepotente, emboscada, agresiva, la nueva delincuencia, que se solaza de ésta forma de concebir las interrelaciones de la humanidad.

En ese contexto novedoso, aun inexplorado, se presenta con gran virulencia todo tipo de tráfico, que comprende desde mercancías, como droga, armas, obras de arte o vehículos, o de recursos, como los tráficos con ayudas humanitarias y por supuesto, de personas en el tráfico de indocumentados y en la trata para la explotación de distinto tipo.

En México vivimos una especial condición de nuestra geografía política, pues estamos en la inmediata periferia de la sociedad más rica del planeta, más exuberante en recursos y apetitos de todas clases y por ello de una alta demanda de bienes, servicios y claro, de personas.

Nuestro problema de trata de personas está resuelto en nuestro orden normativo vigente y nos atenemos a las regulaciones y recomendaciones internacionales más adecuadas. Pero nuestra realidad fáctica, ya no jurídica, acusa datos que nos previenen y nos alertan.

A pesar del progreso legislativo mencionado, todavía hay muy pocos fallos condenatorios por trata de personas en México y en el mundo. Solo 4 de cada 10 países comunicaron que habían registrado 10 o más fallos condenatorios por año y casi el 15% no habían registrado ninguno en absoluto. Por lo general, el panorama mundial de la respuesta en materia de justicia penal se ha mantenido estable en los últimos años. Menos países están comunicando aumentos del número de fallos condenatorios, que sigue siendo muy bajo. Esto puede ser reflejo de las dificultades de los sistemas de justicia penal para hacer frente de manera adecuada a la trata de personas.

A pesar de ello, en México se empiezan a vislumbrar avances, se han sumado esfuerzos de los Sistemas de Justicia Federal y Local, del año 2009 al 2015 las sentencias para este delito emitidas, fue un total de 570, de las cuales 551 fueron dictadas por las entidades federativas y 19 por la federación, de este total la Ciudad de México es la entidad que más sentencias ha dictado en ese periodo con un total de 211 sentencias, lo que representa el 38% respecto del total de las sentencias dictadas a nivel nacional en el fuero común. Por lo menos el 72% de las sentencias fueron condenatorias, las personas sentenciadas habrían sido 733 y el número de víctimas involucradas en estos delitos eran 951.

Por eso hoy por hoy, podemos anunciar con la mayor contundencia que después de los Estados Unidos, somos el paìs que mas sentencias hemos dictado en el mundo entero y solo las emitidas en la Ciudad de México, gracias a la colaboración institucional con las Procuradurías General de la República y de la Ciudad de México, se han pronunciado mas sentencias que todas las generadas en América Latina.

Es importante abordar esta problemática en el contexto de la incidencia delictiva nacional, considerando que la cifra negra del país es del 92.8 por ciento, es necesario fomentar la denuncia para poder incidir de manera efectiva en el combate a este delito.

Es por ello, que la Reforma Constitucional de México en la materia penal adquiere gran relevancia, ya que la misma al hacer más eficiente el Sistema de Justicia, debe garantizar una mayor confianza en la Ciudadanía.

Para enfrentar este problema de dimensiones mayores, es necesario tratar de comprender el panorama general y no aldeanamente. Las corrientes de éste Nuevo Orden Mundial no pueden ser sinónimos de integración internacional, aunque evidentemente sí de flujos tecnológicos, migratorios, mercantiles y de naturaleza similar.

Por una parte, emergen ahora, en éste momento, grupos o asociaciones que operan sin fronteras y se desarrollan en los más diversos ámbitos; así, los hay de índole profesional, científica o cultural, económica o mercantil. Por supuesto que dentro de ese espectro, aparecen, se fortalecen o mutan a nuevas formas más eficaces, las organizaciones de delincuentes.

Resulta pues, que el Nuevo Orden Mundial, ya no reconoce a las convenciones supranacionales ni a la dominación ideológica, como sus instrumentos de integración. Muy lejos de ello, las fragmentaciones, el fortalecimiento de los grupos y redes, los escasos resultados de los regímenes supranacionales y de la diplomacia, al lado de los nuevos flujos, sofisticados y muy amplios, de diverso tipo, confluyen a un nuevo estado de cosas.

Quienes piensen que con la fuerza y el enfrentamiento "cuerpo a cuerpo" en el campo mismo donde se desenvuelve ésta delincuencia emergente, que con marcos normativos, instituciones, tecnología, personal, equipamiento, participación comunitaria, vigentes y caducos, se acabará venciendo a dicha criminalidad, están errando gravemente en sus funciones y enfoques y lo más grave, estarán retrasando la adopción de los esquemas nuevos de prevención y persecución de los delitos.

La alta capacidad financiera de éste nuevo Crimen Organizado, su evidente capacidad corruptora, de infiltración, de innovación, de reclutamiento, de mecanismos ofensivos y defensivos; su propia cohesión y moral de grupo, convierte a estos delincuentes del nuevo milenio, en grupos casi imbatibles en sus propios terrenos.

Los ámbitos emergentes de la delincuencia organizada requerirán de novedosos y pertinentes marcos de lucha, prevención y represión; desde luego, los especialistas en el diseño y conducción de la nueva Política Criminal, aguzarán sus inteligencias, imaginación y disposición, para instrumentar el cambio.

El delito de trata de personas es una actividad mundial, muy eficaz para sus promotores y muy dañina para todos. Se desarrolla en un ambiente propicio ante esta mundialización irreversible; los instrumentos para su combate se encuentran en la afectación de la economía del delito, en la cultura universal sobre la dignidad humana y los derechos de las personas y un más eficaz sistema internacional de persecución y juzgamiento de los criminales.

Así, la economía, los procesos financieros o mercantiles, bursátiles y de inversión; la cultura, las ideas, la ciencia y el lenguaje. Todo se mira ahora desde otra perspectiva, que es la que, en una Sociedad Científica como ésta, estamos obligados a conocer, para poder enfrentar nuestra encomienda de manera acertada y puntual. Acaso la criminalidad que emerge ha contribuido a éste nuevo orden, que indudablemente le otorga ventajas y ocultamiento.

Para citar solo un proceso novedoso, con sus efectos inmediatos, refirámonos a la sorprendente economía digital. Ya es posible realizar transacciones de toda índole, vía Internet, cancelando paulatinamente con ello el uso del dinero material, del llamado efectivo, o mejor, convirtiéndolo en un ente digital.

Visto desde un punto de vista criminológico, la utilización de ésta nueva modalidad de movimiento de la riqueza podría permitir, sin los controles adecuados, a los que desde luego reconocen oposiciones, incursiones más activas, prolongadas y distantes al crimen organizado.

Desde otro enfoque, dicha práctica, que se espera se difunda internacionalmente muy rápido, al tender a la cancelación del dinero tangible y su sustitución por la transferencia electrónica de fondos, podría desestimular y acaso evitar, los mercados negros, incluyendo los de drogas, armas, y desde luego, de personas.

Debe tenerse presente que estos procesos electrónicos dejan huellas a través de sus registros, con lo que sistemas financieros ilícitos, ahora en la penumbra, difíciles de seguir, podrían dejar una ruta bien marcada y auditable.

Si bien el robo de dinero, el secuestro, la extorsión, la falsificación de moneda o los delitos fiscales, perderían viabilidad y eficacia con el uso del dinero digital, también es verdad que seguramente surgirán nuevas formas delictivas, seguramente más sofisticadas y dañinas y, por cierto, no en algunas décadas, sino en los próximos años.

Todo esto nos lleva a reflexionar en la imposibilidad de contentarnos con revisar y “poner al día” los procesos, instrumentos y medios de estudio, prevención y combate al delito, que conocimos en el pasado, aun en el más reciente.

Ahora estamos a tiempo de que estos nuevos procesos mundiales, cancelen viejas prácticas delictivas, volviéndolas en obsoletas, inútiles y costosas; y también estamos a tiempo de sumarnos, con los operadores y promotores de estos cambios, para lograr que futuras acciones ilícitas, puedan prevenirse, evitarse o perseguirse con verdadera eficacia.

En éste tema particular de la trata de personas, dadas sus dimensiones planetarias y su poder de acción, es uno de los muchos que componen la agenda del siglo XXI, y se debe insistir, desde hoy en permitir la “huella electrónica” de los movimientos financieros; si éste dinero digital, se puede ocultar como el dinero tangible, estaremos viviendo, en un lustro, el más extenso paraíso fiscal y de lavado de dinero, que pudieran haber soñado los más afamados y conspicuos delincuentes.

Las fuerzas institucionales de combate al crimen organizado tienen ahora mismo la oportunidad histórica de bloquear el campo del delincuente. La omisión en éste caso, promovería la acción criminal más importante y devastadora en la historia de la delincuencia. Nunca antes hubo ésta circunstancia tan propicia, en todos los siglos de confrontación sociedad-criminalidad.

El esfuerzo mexicano ha sido verdaderamente contundente, lo ha sido a través de reformas estructurales frontales importantes en el combate al problema. No hemos tenido descanso y su actividad la ha fundamentado en muchos factores, entre otros encontramos la exigencia del nuevo orden mundial en el respeto a los derechos humanos, reflejado en las reformas constitucionales trascendentales e inéditas de la actual administración, leyes de corte general que obligan a las entidades federativas a coordinar esfuerzos y políticas judiciales importantes.

Pero siendo verdaderamente autocrítico, el esfuerzo de nuestro país no ha sido parejo, algunas entidades federativas, afortunadamente las menos, no han judicializado casos de trata en su territorio, argumentando que este problema no lo tienen, mientras que otros, como la Ciudad de México y Chiapas, tenemos varios centenares de expedientes, que ya suman penalidades muy cercanas a los mil años. Nuestro esfuerzo coordinado con las Procuradurías General de la República y de la Ciudad de México, es el que ha dado este magnífico resultado. Otro argumento importante es la presión y empuje que en este tema han dado algunas organizaciones sociales, entre las que destaca la que lidera Rosy Orozco. Los resultados que hemos obtenido aun cuando nos distinguen como un país esforzado y preocupado en el ataque al problema, no nos deja satisfechos, pues entre la porosidad de la frontera sur y el apetito insaciable de drogas y prostitución de la frontera norte la constante del problema continua.

Más y más niños, niñas y mujeres esclavizadas, que ven con desaliento el que algunos países del mundo digan que en su territorio no existe el problema o que el tema es menor, o lo que es más grave, que es culpa de quien demanda el servicio y no suya, en una clara e injustificada evasiva de sus responsabilidades.

El problema existe, el problema es responsabilidad de todos, no lo debemos permitir, perdiendo la batalla la perdemos todos, se destruyen valores, se aniquilan esperanzas de vida, se generan mafias, nacen nuevos tipos de delincuencia y más corrupción y todo lo imaginable.

Los países del mundo estamos obligados a fortalecer sanciones para hacerlas más severas, a unificar tipos penales para no dar cabida a interpretaciones tendentes a proteger este tipo de delincuentes, terminar con antros dedicados a la prostitución en donde encuentra cobijo este infamante delito, apoyar a organizaciones sociales que dedican su esfuerzo al rescate de víctimas y a generar una verdadera y fructífera coordinación entre los países, que la diplomacia haga su trabajo para evitar al menos la transfronterización del problema. Mucho habrá que decirse del tema, estoy seguro que la judicatura del mundo aquí reunida bajo esta espléndida convocatoria coincidirá en lo fundamental en la necesidad imperiosa de nunca dejar de seguir buscando soluciones para aplicarlas con la severidad que el caso merece, gran parte del futuro de la vida de niños, niñas y mujeres está en nuestras manos.

El siglo XXI dio inicio en algún momento significativo. Tal vez con la cancelación de la “Guerra Fría”; tal vez con los ataques terroristas del 9/11; tal vez con el colapso del sistema capitalista de 2008. Pero es seguro que lo que en realidad distingue a este siglo es el movimiento mundial a favor del fortalecimiento, respeto y protección de los derechos humanos.

Esa expansión universal del concepto, de la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas distingue completamente a estas épocas de mundialización. Si este fenómeno planetario presenta aspectos temibles como la acción de una delincuencia organizada sin fronteras, también nos coloca ante el imperativo de garantizar a cada cual que sus derechos básicos se mantengan incólumes.

Todos los días se promueven e impulsan nuevas fórmulas y estructuras gubernamentales y supranacionales dedicadas a enfrentar ésta modalidad criminal tan poderosa; surgen ideas y legislaciones novedosas e inteligentes, pero lamentablemente proclives a los estados de excepción, al llamado terror legal o a las respuestas de extremo, que cuando fracasan, sólo dejan el abismo por delante.

Ante el nuevo orden de cosas, de ninguna manera puede contemplarse una tarea concluida; en rigor, apenas se inicia la construcción del nuevo modelo que el conocimiento humano del porvenir habrá de erigir, para garantizar el éxito de su propósito primigenio: conocer el delito, para prevenirlo y perseguirlo con eficacia y preservar todos los derechos de todas las personas.

El delito ha reconocido tres fases para su prosperidad: en primer término, el campo propicio – otrora, los entornos del desarrollo social inmediato; hoy, la nueva sociología mundial –; en segundo lugar, los flujos que le dan corporeidad – antaño, los usos y costumbres de una comunidad dada, hogaño, los incontrolados movimientos migratorios, financieros, mercantiles, tecnológicos, montados en una rápida y eficiente red de comunicación –; por último, los resultados o beneficios obtenidos – hasta hace poco, las secuelas mismas del acto ilícito considerado en sí mismo, hoy, los incontables recursos financieros que discurren más allá de los controles y vigilancias institucionales –.

La comprensión a cabalidad de estas tres fases por parte del moderno operador en contra de esta criminalidad, le permitirá abordar los diversos temas que la rodean, con mayor profundidad y amplificada eficiencia, de tal suerte que el diseño de las Políticas Públicas domésticas e internacionales, resulten, no sólo viables, sino aplicadas con pulcritud y seguida con rigor.

Esta delincuencia sin rostro, que merece todo el esfuerzo posible en su combate, actúa en toda la faz de la Tierra y no reconoce fronteras; las víctimas somos todos y ya no podemos hablar de víctimas en lo individual, dados sus efectos universales y genéricos.

La perspectiva de inicios de siglo ante la agenda de las naciones, es abrumadora. Arroja retos en todos sus ángulos y deja una premisa mayor: lo único que no puede hacer el responsable de conocer y evitar la delincuencia, es permanecer inmóvil y conforme con lo hasta hoy logrado, que siendo mucho y bueno, no será suficiente, ante el nuevo embate criminal.

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