La inclusión social como herramienta de prevención del crimen organizado

Diego Sebastián Luciani
Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de la Nación
Argentina

I. Introducción

Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer al Santo Padre Francisco la invitación para participar de esta Cumbre, que tiene una inestimable trascendencia no sólo en lo personal, sino también para todos los que tenemos el honor de estar acá sentados, porque, de alguna manera, representamos a muchos magistrados, funcionarios y empleados que día a día trabajan con probidad contra el crimen organizado.

De allí que esta importante convocatoria nos genera un serio compromiso y una gran responsabilidad de cara al futuro. Estoy convencido que ninguno de los que estamos acá -jueces, fiscales, operadores del sistema judicial y operadores de paz, como dijo el Santo Padre en su discurso-, vamos a ser los mismos después de estas Jornadas.

Es la figura del Papa Francisco la que fue capaz de reunir a jueces y fiscales de distintos países del mundo, para que nos unamos en un extraordinario objetivo común: combatir el narcotráfico, como también las nuevas formas de esclavitud y la trata de personas, ya sea en las figuras de trabajo forzado, explotación sexual o venta de órganos; en definitiva, lidiar contra el crimen organizado en sus diferentes formas de manifestación.

Sabemos que el camino no es fácil, por eso agradezco profundamente esta convocatoria del Santo Padre, que nos fortalece y nos alienta, pero también nos empuja a que redoblemos el esfuerzo y el compromiso, para impedir que el crimen organizado y la corrupción se robe la dignidad de los pueblos, la libertad y la vida del ser humano.

 

II. Deber de visibilizar los padecimientos de las víctimas

Lamentablemente durante muchos años en nuestro país la acción criminal de los tratantes y los graves daños que genera a sus víctimas han pasado inadvertidos a la vista de la sociedad, de políticos, empresarios, gobernantes, legisladores, jueces y fiscales.

La sanción de la ley 26.364, del año 2008 y su posterior modificación por la ley 26.842 en el año 2012, fueron determinantes para visibilizar la violencia y la gravedad de esta acción, que devasta los derechos humanos más elementales.

No digo ninguna novedad y todos sabemos que la trata de personas afecta de manera especial a los más débiles del planeta, a los marginados, a los excluidos. Empero, a pesar de lo indiscutible de esta afirmación, pocas veces somos capaces de trascender y tener una mirada desde el lugar de la víctima de este delito.

Resulta imposible cualquier abordaje de esta problemática, si no logramos colocar en el centro de la escena a quien ve morir día tras día sus ilusiones, sus capacidades y sus talentos.

He observado, con asombro, que en muchas ocasiones analizamos las conductas de las víctimas y sus declaraciones desde la óptica personal del Juez o del Fiscal, alejados de las denigrantes circunstancias por las que atraviesa la víctima en el momento del hecho o incluso en el momento de declarar.

Para comprender el relato de un hombre o una mujer que sufrieron los padecimientos que a menudo viven los damnificados de este aberrante delito, es necesario tener una sensibilidad especial, que trascienda la propia visión.

La justicia, con toda la carga y el valor de esta acepción, que no es ni más ni menos que dar a cada uno lo suyo, debe ser capaz de ponerse en el lugar de la víctima y desde ahí ser custodio de los derechos humanos.

 

III. Experiencia en casos de explotación sexual

Esta mirada debe consolidarse, especialmente, en los casos de explotación sexual, en los que la persona en sí constituye el bien preciado por los tratantes. La persona se transforma en un objeto, sujeto a ser comercializado o adquirido monetariamente.

Actualmente me desempeño como Fiscal General ante los Tribunales Orarles Federales de la Nación, pero también me desempeñé como Fiscal Federal de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en donde trabajé diversos casos de explotación sexual apenas se sancionó la ley de trata.

Me gustaría referirme a dos de ellos, pues muestran claramente cómo las miradas y los enfoques pueden provocar diferentes conclusiones:

 

a. Primer caso:

Con motivo de una larga investigación, que fuera delegada por el Juez Federal en el Ministerio Público Fiscal, que incluyó declaraciones testimoniales, tareas de campo en el lugar, intervenciones telefónicas de las comunicaciones que mantenían lo imputados, seguimientos, etc.; se estableció que en tres prostíbulos, denominados de la misma manera, pero ubicados estratégicamente en distintas localidades, se explotaba sexualmente a mujeres mayores de edad, que eran captadas en el exterior mediante el engaño (eran en su gran mayoría de origen paraguayo y dominicano).

La contundente prueba de cargo llevó a que el Juez Federal dispusiera el allanamiento de los lugares. Como consecuencia de ello, se produjo la liberación de un número considerable de víctimas.

Luego de recibir los informes por parte de los psicólogos que contuvieron y estabilizaron a las víctimas –y que daban cuenta de la situación de trata-, se recibió declaración testimonial a cada una de las víctimas, las que explicaron con angustia y con vergüenza la situación denigrante que habían tenido que atravesar.

El análisis conjunto de la prueba llevó a la inexorable conclusión de que todas las víctimas habían sido engañadas y que los imputados se habían valido en casi todos los casos del bajo grado de instrucción, la circunstancia de tratarse de madres solteras que constituían el único sostén económico de su familia y de la condición económica que las apremiaba, todo lo cual se tradujo en una gran vulnerabilidad.

Además, para lograr la permanencia en el lugar fueron amenazadas, se les generó una deuda que debían pagar, se les aplicaron multas. En fin, se instrumentaron diferentes medios coactivos que condicionaron la libertad de las víctimas.

Los imputados fueron procesados por el magistrado interviniente, esta decisión fue confirmada por el Superior Jerárquico y, en consecuencia, la causa fue elevada a juicio oral y público.

Luego de desarrollarse el debate, los integrantes del Tribunal Oral absolvieron a los imputados, realizando no sólo una valoración inadecuada y arbitraria de todas las pruebas, sino que, esto es lo más grave, hicieron una inconcebible interpretación del relato de las víctimas.

Y sobre este punto quiero ampliar mi exposición, pues, realmente, me provocó un impacto negativo el modo en que los jueces de ese Tribunal valoraron los dichos de las víctimas, aislado de los tratos denigrantes por ellas padecidos. En concreto, sostuvieron que: “La víctima no era consistente en torno a porqué permaneció en el lugar una vez que comprendió que había sido engañada. Así como su “relajada actitud” posterior…”.

El Fiscal General de Juicio, afortunadamente, recurrió esa decisión y finalmente la Cámara de Casación declaró la nulidad de la resolución del Tribunal. Me gustaría destacar un párrafo de la sentencia, pues deja al descubierto el modo anómalo de valoración por parte de los jueces.

Allí se sostuvo: “El sentenciante debe analizar los dichos de la víctima, no desde una óptica personal y alejada a las circunstancias que ésta estaba atravesando en el momento de los hechos o incluso en el momento de declarar, sino que debe ser capaz de trascender su propia visión sesgada de la realidad, para comprender el relato de la mujer en el marco de la experiencia que ella está relatando. Y siguió: Puede que aquello que los jueces consideraron una ‘actitud relajada’ sea en verdad una actitud de sumisión o ‘auto-abandono’ frente a lo que entiende como irremediable.

Quiero aclarar que, según lo que surgía de las conversaciones telefónicas de los imputados, esta damnificada a la que se hizo referencia, había llegado al centro de explotación un día antes del allanamiento en el que fue liberada y se había negado una y otra vez a mantener relaciones sexuales. Es decir, se encontraba en un proceso que se denomina “de ablande”, en el cual ya le habían ofrecido consumir drogas y se contemplaba emplear métodos más violentos, hasta, incluso, violarla, con el fin de que accediera a los requerimientos de los tratantes y “entendiera” que no había otra opción que cumplir con las reglas impuestas.

A esto me refiero cuando destaco que la justicia debe trabajar bien cerca de la víctima y tener una mirada sensible frente al sufrimiento ajeno.

 

b. Segundo caso

Otro suceso que me tocó investigar y me conmovió profundamente fue el de una niña de 14 años, de nombre Celeste, quien en situación de desamparo fue seducida por quien se hizo pasar por su novio, que la indujo a fugarse de su hogar y la trasladó a otra ciudad, de la cual desconocía toda información.

En ese lugar fue vendida a otra persona, quien la obligó a ingresar en un prostíbulo. Allí sufrió todo tipo de padecimientos, desde amenazas, malos tratos, hasta reiteradas violaciones. Celeste nunca recibió dinero alguno por la explotación sexual de la que era víctima, sino que el dinero se lo daban a su dueño, un tal Julio, que cuando se negaba a “trabajar”, lo convocaban para que la golpeara y la devolviera lastimada al lugar.

Según los testimonios de otras víctimas, Celeste se la pasaba llorando todo el día en la cama y se reprochaba haber nacido, ya que nadie, ni sus padres, la querían. Celeste festejó sus 15 años en el prostíbulo. 

Con la ayuda de una compañera y de un cliente logró escaparse y denunciar el hecho. La organización fue desbaratada, se detuvo a los responsables y se rescató a todas las víctimas.

Este terrible caso me lleva a reflexionar sobre la condiciones actuales de la sociedad donde hay tantas inequidades y cada vez más personas descartables.

La globalización ha dejado fuera del sistema y sin posibilidades de subsistir a un sinnúmero de personas, lo que provoca que la oferta de potenciales esclavos se haya ido incrementando exponencialmente. Como contrapartida, el precio de los “nuevos esclavos” ha perdido valor, pues los hay y en abundancia.

Pero también nos lleva a recapacitar sobre determinadas situaciones que se repiten en la inmensa mayoría de los casos:

1.- La indiferencia de la sociedad: se trataba de prostíbulos que se habían asentado al menos diez años antes de la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, y se encontraban a la vista de toda la sociedad. Sin embargo, a ningún civil le llamó la atención.

Tal como enseña el Santo Padre en la Carta Encíclica “Laudato Si”, no puede ser real un sentimiento íntimo de unión sin ternura, compasión y, principalmente, preocupación por los seres humanos. Y acá faltó preocupación por el prójimo.

2.- La complicidad de los funcionarios policiales, que no sólo omitieron durante más de diez años toda investigación de esos centros de explotación, sino que, en un caso, hasta alertaron a los tratantes acerca de que se iba a realizar un allanamiento, frustrando el rescate de las víctimas.

3.- La complicidad de los funcionarios municipales que habilitaron los centros de explotación bajo falsos pseudónimos: whiskerías, bares, etc.

Estamos obligados a que estas conductas no queden impunes, y para eso necesitamos mantener una lucha sincera y sin pausa contra todo acto de corrupción por parte de los funcionarios, tanto de los más bajos niveles, como de los más altos estamentos, pues la corrupción se roba y despoja de recursos a los más débiles.

 

IV. Estadísticas y Vulnerabilidad

Las estadísticas diseñadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de víctimas del Ministerio de Justicia, indican que entre abril de 2008 y febrero de 2016, se han rescatado y/o asistido a un total de 10.052 víctimas.

Realmente es indignante que en estos tiempos ocurran situaciones así. Y si bien el rescate de víctimas es muy auspicioso, también nos conduce a considerar que aún existen muchas personas en la Argentina y en la región, que día tras día son explotadas y vejadas por organizaciones criminales, lo cual muestra la gravedad del cuadro.

En este sentido, los estudios empíricos llevados a cabo por la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia, en el año 2012, indicaban que existían, por lo menos, 10.000 personas en el país sometidas a esclavitud sexual o laboral, en condiciones inhumanas y que ese cálculo podría incluso ser mayor.

A partir de este estudio es claro que la estrategia principal debiera centrarse, en primer lugar, en rescatar a las víctimas que aún se encuentran en esa situación y en brindarle la contención necesaria para que no sean captadas nuevamente por estas organizaciones.

Pero también, y sobre esto quiero profundizar un poco más, en evitar que estas mismas u otras víctimas sean alcanzadas por estas organizaciones en un futuro.

La práctica nos ha demostrado que la inmensa cantidad de víctimas, más del 90 %, son personas en extrema situación de vulnerabilidad, a quienes, ya sea por su corta edad, o porque provienen de contextos de desigualdad, pobreza, les es imposible oponerse a la explotación.

Esta situación de fragilidad es aprovechada por las organizaciones criminales, que justifican su acción en el perverso discurso de que el “trabajo” ofrecido ayuda a la subsistencia de la persona que fue abandonada por el propio Estado.

Lamentablemente en parte ese discurso es cierto: “El Estado abandonó a esas personas”.

V. Estrategias de prevención: Prevención social

Esta circunstancia nos conduce a reflexionar sobre el papel del Estado frente a este grave delito, como así también sobre cuál debería ser la estrategia más adecuada de prevención, pues todos los instrumentos internacionales coinciden en que la prevención es fundamental en la lucha contra la trata (Convención de Palermo en su artículo 31, el Protocolo complementario también).

El vocablo prevenir -del latín praevenire-, alude a la acción de anticiparse e impedir que algo ocurra. Entonces, la principal estrategia de política criminal que el Estado tiene que desarrollar es lo que yo llamo la prevención social.

Y me pregunto: ¿Qué es la prevención social??

La prevención social en la trata de personas y en la delincuencia organizada en general es cualquier tipo de acción que disminuya el riesgo de que los seres humanos sean captados por estas organizaciones. Se trata de neutralizar los factores sociales de los que se nutre el crimen organizado.

Entonces, una política criminal del Estado debiera focalizar los esfuerzos en las poblaciones más pobres, a los fines de reducir los bolsones de vulnerabilidad, que son aprovechados por estas organizaciones.

Es fundamental, entonces, realzar la calidad humana, evitar la marginalidad social, generando mejoras en la salud, en la educación, en el trabajo, en el desarrollo social de los habitantes, en la infraestructura.

En definitiva, mejorar la calidad de vida de los más frágiles, de los que más sufren por la violencia de la pobreza.

No creo que sea una casualidad que en países que tienen tasas bajísimas de desempleo, como es el caso de Noruega, que tiene aproximadamente un 3 %, o Finlandia, cuyo índice no alcanza el 6 % y, además, no tienen los problemas estructurales de pobreza que tiene nuestro país, el número de víctimas de trata se redujo significativamente durante los últimos años.

 

VI. Conclusión

Para ir cerrando esta exposición, quiero dejar clara la siguiente idea: una adecuada política criminal por parte del Estado, debiera centrar su misión principal en el respeto por los derechos humanos, que alcanzan a todas las personas sin distinción de sexo, etnia, edad, religión, o condición social, cultural o económica.

Estoy convencido de que el cabal cumplimiento de los derechos sociales por parte del Estado, evitando la exclusión y la desigualdad, es la herramienta más eficaz para combatir toda forma de esclavitud y para disminuir las formas de violencia de las organizaciones mafiosas.

Muchas gracias.

 

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