Narcotráfico y corrupción institucional

Carlos A. Vera Barros
Juez Federal de Rosario, Argentina

I.               Criminalidad organizada y corrupción

Como han destacado tanto Gustavo Vera en la inauguración de la Cumbre, como Virginia Kendall y Rosario López Wong en sus respectivas ponencias, la corrupción está en la base de la criminalidad organizada. Vera lo afirmó categóricamente en términos generales, mientras que Kendall y López Wong especificaron tal relación en lo referido a la trata de personas.

Nos toca ahora reiterar aquel aserto general en materia de comercio de drogas, a partir de nuestra experiencia judicial en materia de comercio de drogas, y así, podemos afirmar: sin corrupción no hay narcotráfico.

Sin necesidad de extendernos demasiado en la demostración de tal vinculación, podemos afirmar que ella surge evidente, en nuestra ciudad de Rosario, en virtud de tres hechos, que bien pueden eslabonarse en forma lógica.

El primero de ellos fue la detención, exoneración, procesamiento y elevación a juicio del entonces Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, por coautoría de narcotráfico, en una causa iniciada hace ya tres años y que se encuentra actualmente en espera de la celebración de la respectiva audiencia. Unos meses después de iniciada aquella se abrió otra causa contra el mismo jefe policial en la vecina ciudad de Santa Fe, en la que resultara condenado en primera instancia cómo cómplice de similar delito.[1]

A partir de aquella primera detención, cerca de una treintena de altos oficiales de policía han sido detenidos, y consecuentemente separados de la fuerza, e igualmente con una frecuencia casi semanal, son arrestados titulares de Comisarías, siempre por vinculación con delitos de narcotráfico.

Al descabezamiento de la cúpula de policía puede atribuirse asimismo el desbaratamiento de unas cuantas bandas de narcotraficantes que entonces, de pronto y sin capacidad de respuesta, se quedaron sin protección policial. Estas bandas, de mediano y gran porte, peligrosas y, en algunos casos, muy violentas, carecían sin embargo de toda sofisticación; la única refinación de que podían alardear era la de contar con ese paraguas policial, ahora inutilizado.

El tercer hecho que evidencia la relación entre corrupción y narcotráfico es la modalidad que dichas bandas utilizan para comercializar al menudeo la droga que trafican. Lo hacen mediante los llamados “bunkers”, una marca de fábrica de nuestra ciudad. Consisten en pequeñas fortalezas de cemento ubicadas por lo general en zonas humildes, que cuentan apenas con un ventanuco por el cual se entrega el estupefaciente y dentro del cual literalmente se encierra, con apertura sólo desde afuera, a menores de edad a los que se somete, en una forma aberrante de trata, a larguísimas jornadas de trabajo durante las cuales se limitan a vender el estupefaciente que el encargado del búnker les provee y del cual deben rendir cuentas al fin del día. Tal modalidad pone de manifiesto también cómo el narcotráfico se nutre de los excluidos, porque entre ellos recluta a los llamados “soldaditos”, también menores de edad que en jornadas igualmente extenuantes realizan desde los techos la vigilancia del lugar, con un precario sistema de alerta, para el caso de que la protección pactada sea vulnerada.

La existencia de estas pequeñas fortalezas destinadas a la venta de sustancias prohibidas, ubicadas por definición en lugares fijos y que por ende no pueden ser desconocidas para la policía del lugar, desafía toda idea de prevención de seguridad, e impide pensar al narcomenudeo como una actividad ilícita. Habla más bien de una protección policial tal que lleva a la naturalización de esa modalidad del narcotráfico, y por ende a su impunidad.

II.             Retórica legitimadora

Sin embargo, lo que nos interesa destacar de esta vinculación entre narcotráfico y corrupción es la retórica legitimadora que la acompaña y que Peter Eigen ha señalado como un componente esencial de esta última.[2]

En efecto, para disimular su inercia, incompetencia o complicidad, el Estado hace suyos una serie de argumentos retóricos destinados a confundir y a enervar a la opinión pública.

Son verdaderos sofismas, algunos de ellos muy simples y otros de una complejidad diabólica. Unos y otros, en virtud de su incansable repetición, terminan naturalizándose.

También aquí, como previniera el Papa Francisco en su discurso inaugural, se trata de evitar caer en la telaraña de la corrupción, y como ya ejemplificara Aristóteles cuando disputaba contra los sofistas, para escapar a su lógica perversa debe recurrirse al sentido común.

II.1. El primer argumento sostiene que el combate al narcotráfico se trata de una “guerra perdida”[3]

El lenguaje bélico es utilizado en forma deliberada para aludir a un paradigma histórico, la llamada “guerra a las drogas” lanzado en los 70 por el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon[4] y que, según se denuncia, es frecuentemente tergiversado para esconder ambiciones imperialistas.[5]

Una forma atenuada del mismo argumento, en boca de autoridades locales, sostiene que tal combate las excede, ya que se trata de un fenómeno nacional –con lo que pretende trasladar las culpas a otras esferas de gobierno- o, peor aún, internacional, con la cual aquellas autoridades ya nada tendrían que hacer.

La falacia del razonamiento, que, como suele ocurrir cuando se trata de un sofisma, parte de una base cierta, consiste en que frente a la evidencia de la nacionalización e internalización del narcotráfico se impone la cooperación interjurisdiccional e internacional, y para ello el abordaje local, lejos de resultar inútil, deviene indispensable.

Finalmente, una expresión más retorcida de ese razonamiento, sostiene la imposibilidad de una lucha imparcial.[6] Todo aquel que combate al narcotráfico, y principalmente cuando también afecta a la corrupción que le es aneja, lo hace por un interés espurio, sea personal, económico o político; y se trate de un Juez, un Fiscal, una ONG o un vecino.

Se trata del viejo sofisma de la argumentación ad personam, mediante la cual se descalifica al adversario sin responder sus argumentos; conforme a ello, quienes defeccionan en su tarea de prevención del narcotráfico quieren ver a los demás “en el mismo lodo, todos manoseados”, como dice el tango.[7]

La sabiduría popular descubriría el trasfondo confesorio del sofisma: el ladrón –dice el refrán- cree a todos de su condición.

II.2. Otro argumento consiste en acotar el fenómeno del narcotráfico exclusivamente al ámbito penal[8]

Discursivamente se insiste en el carácter penal, y aún procesal, de la cuestión del narcotráfico.

Se pretende con ello eludir la responsabilidad política frente al crecimiento exponencial del narcotráfico. Por un lado confundiendo la tarea de prevención del delito, inexcusablemente a cargo de la autoridad administrativa, con la labor judicial de represión del delito, que no sólo es posterior sino que sólo se habilita ante el fracaso de aquella; y por el otro disimular la insuficiencia o ausencia de políticas públicas de acción social destinadas a atacar a la exclusión, caldo de cultivo como bien se sabe del tráfico de drogas. Como expresa el Papa Francisco “si el Estado no cumple su rol en alguna región, algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar”.[9]

Al calor de este razonamiento también se excluye la responsabilidad administrativa de los funcionarios que defeccionaron en el cumplimiento de su tarea de prevención (vr. gr., los Comisarios que nunca dieron cuenta de la existencia de los “bunkers” existentes dentro de su jurisdicción); pretendiendo de tal modo derivar su eventual responsabilidad únicamente a la infracción de un tipo penal, demostrada dentro del respectivo juicio; cuando, sin perjuicio de aquel, en forma concomitante y sin mengua del debido proceso, bien pudiera aplicárseles sanciones por faltas administrativas, menos gravosas pero de demostración harto más simple.[10]

II.3. Otra manifestación de la retórica legitimadora consiste en afirmar el carácter “federal” del delito de narcotráfico

Ese carácter se afirma a partir de la competencia de la justicia federal para el juzgamiento de tales delitos, establecida por la ley de drogas N° 23.737. Y a partir de allí pretende argüirse que todo lo relativo a la prevención y a la represión de los mismos corresponde al Estado Federal, y que ninguna responsabilidad le cabe, entonces, a la Provincia.

Se trata de una argumentación pretensamente jurídica que tiene relación con la organización federal de nuestro sistema de gobierno.

En rigor no existe tal cosa como un “delito federal” al que pudiera contraponerse un “delito provincial”, porque esta categoría no existe entre nosotros. A diferencia del sistema federal de Estados Unidos, que ha sido tomado como modelo para el nuestro en la Constitución de 1853, las provincias carecen de facultades para establecer delitos y por ende todos los delitos se incluyen en un único Código Penal, dictado por el Congreso de la Nación; pero, en este caso al igual que en Estados Unidos, toda la materia de policía de seguridad,[11] es competencia propia e indelegable de las provincias, según surge de la Constitución Nacional.

La asignación de determinada materia, como en este caso el narcotráfico, a la competencia federal para su juzgamiento en nada empece la responsabilidad provincial para la prevención de tales delitos, y aún en lo que hace a la represión de los mismos, tanto las fuerzas de seguridad nacionales como la Policía Provincial se encuentran a tales efectos a las órdenes de la Justicia Federal, que, recordémoslo sólo habrá de intervenir si aquella prevención fracasó. La Policía provincial, entonces, lejos de encontrarse eximida de actuar en estos delitos, es, por el contrario la que resulta convocada en la mayor parte de los casos, por la sencilla razón de que es la que mayor despliegue territorial tiene en el ámbito provincial. Y ello es conforme tanto a la atribución esencial e indelegable de las provincias de proveer a su policía de seguridad, cuanto a la finalidad específicamente asignada a cada una de las fuerzas de seguridad nacionales, a saber: gendarmería, la custodia de la fronteras; policía federal la custodia de los bienes federales; prefectura naval la custodia de los cursos navegables; policía de seguridad aeroportuaria la custodia de la aeronavegación. De otro modo sería incomprensible el funcionamiento de una división de la Policía Provincial denominada Drogas Peligrosas y específicamente creada para el combate del Narcotráfico, con despliegue en todo el territorio provincial, esquema que se repite en todas las provincias argentinas.

Desde luego que una cosa muy distinta es afirmar, dado nuestro sistema federal de gobierno, que debe existir una mayor coordinación para la lucha contra el tráfico de drogas entre las fuerzas de seguridad nacionales y las policías provinciales, y también –aunque menos reclamado- de éstas últimas entre sí.

II.4. Otro sofisma que hace parte de la retórica que venimos analizando hace alusión al “ajuste de cuentas”

Esta expresión, tomada del argot mafioso, alude al modo violento en que los delincuentes arreglan sus asuntos litigiosos: incumplimientos, traiciones, delaciones, “vueltos”, “mejicaneadas”.

En la provincia de Santa Fe guarda relación con la cantidad de muertes violentas que anualmente se producen, que duplica la media nacional.

Al atribuir estas muertes, en forma repetida, a “ajustes de cuentas” se pretende, de un modo brutal y con un componente racista muy pronunciado, tranquilizar a la opinión pública; parecen decir “uno menos” o “déjalos que se maten entre ellos”. A la vez se justifica así la falta de esclarecimiento de tales homicidios, ya que, tratándose de asuntos entre mafiosos, ningún interés social habrá de investigarlos. En definitiva, una nueva manifestación de la globalización de la indiferencia a que alude el Santo Padre en la Laudato si’.

Contra toda evidencia se pretende también que de aquellos ajustes no derivarán “daños colaterales”, por usar un argot bélico, o, dicho en buen romance, que no afectarán a terceros.

La pretensión de qué la sociedad no debería preocuparse por tales disputas ignora que frecuentemente obedecen a luchas territoriales que constituyen el paso previo a la cartelización y a la diversificación delictiva, como la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el tráfico de órganos.[12]

Pero además implica la naturalización de lo que Matías Dewey denomina el orden clandestino, consistente en la suspensión de la aplicación del derecho en determinado territorio, y que normalmente escala de la zona liberada a la inacción activa, con adulteración de registros, procedimientos armados y falsos positivos.

Una explicación más veraz, que se hace cargo de la vinculación entre la extrema violencia y el narcotráfico y desarma el sofisma del ajuste de cuentas, consta en la Declaración “Felices los que trabajan por la paz” de la Conferencia Episcopal: “Los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad. Una violencia cada vez más feroz y despiadada provoca lesiones graves y llega en muchos casos al homicidio. Es evidente la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena”.[13]

II.5. Otro argumento utilizado con frecuencia es el de la estigmatización.

Parece directamente tomado de la obra de teatro de Ibsen “Un enemigo del pueblo”.

Como se recordará, en esa obra el Dr. Stockman, médico del balneario, denuncia la contaminación del agua y la necesidad de cerrar aquel hasta que se solucione el problema, lo que le genera enfrentamientos con los poderosos del lugar por el alto costo que supondría sanear el balneario, y el dinero que dejaría de percibirse por el alejamiento de los turistas.

Del mismo modo se pretende en Rosario que quien públicamente denuncia o investiga el creciente narcotráfico de la ciudad, con el correlato record de muertes violentas y altos oficiales de policía implicados lo que hace es estigmatizar la ciudad, según la expresión reiteradamente utilizada, alejando con ello inversores y turistas, aún cuando Rosario no se trata de una ciudad turística como lo era el balneario de la obra de Ibsen.

Ante lo incontrastable de los hechos (aumento exponencial del narcotráfico, muertes violentas que duplican la media nacional, altos oficiales de policía implicados), el argumento suele completarse con aquel otro ya referido del carácter nacional e internacional del fenómeno, concluyendo entonces en que se trata de un mal de muchos, lo cual, como se sabe, es un consuelo de tontos.

II.6. La retórica finalmente se integra con el “como si” de las instituciones.

Quien ha detectado este particular sofisma es el Observatorio de la Deuda Social Argentina.

En el “Barómetro del Narcotráfico y las adicciones en la Argentina”[14] se refiere en particular a cómo las instituciones que deberían prestar asistencia los menores afectados por el narcotráfico, (simultáneamente consumidores y vendedores en pequeña escala), hacen de cuenta que actúan pero resultan totalmente ineficientes. De tal modo, dice el documento, “el niño desde su temprana infancia dio indicios de una problemática y quedó entrampado en una sociedad que, en su no saber o no poder hacer, fue poniendo en funcionamiento el “como si”.

Entendemos que la caracterización realizada por el Observatorio es extensible a otras instituciones relacionadas con el combate al narcotráfico que también hacen “como si” actuaran y en realidad sólo lo hacen en forma harto deficiente.

Pensamos por ejemplo en los llamados “Buzones de la vida”, donde se reciben denuncias anónimas sobre comercio de estupefacientes y que, una vez judicializadas, cuando son puntualmente remitidas a las autoridades preventoras para su investigación son habitualmente despachadas después de unos pocos días, con la leyenda “no se registra movimiento compatible con el comercio de estupefacientes en el domicilio denunciado”; la protección prácticamente inexistente para testigos y denunciantes; y el control policial prácticamente inexistente de las detenciones domiciliarias.[15]

Incluimos esta situación dentro de la retórica legitimadora porque también cumple el objetivo de exculpar al Estado por una función que dice asumir y en realidad presta en forma deficiente, y porque su mal disimulada incompetencia tiene el mismo efecto enervante y desesperanzador sobre la opinión pública.

III.           El rol de la opinión pública

El discurso autocomplaciente - cuando no cómplice-, del Estado para justificar su inacción o ineficiencia lo desvirtúa, ya que como bien se ha dicho “el narcotráfico está en contradicción con la naturaleza del Estado”.[16]

Pero además debe repararse en el carácter perverso de esa prédica, ya que está directamente dirigida a confundir y anestesiar a la opinión pública, que constituye el último recurso frente a la inacción estatal.

Así lo explica el Papa Francisco en la Laudato si’: “dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población”.[17] Un buen ejemplo de esta reacción política influida por la presión social frente a la inacción inicial, lo constituye el caso Verónica Guerrin, periodista del Sunday Independent de Dublín, que fuera asesinada en 1996 luego de publicar diversos artículos de investigación en los que puso en evidencia al capo narcotraficante Ghillighan, hasta entonces intocable. Luego de tal asesinato la población comenzó a marchar a la casa de los narcotraficantes y viéndose el Estado obligado a actuar ante tales manifestaciones introdujo por primera vez la ley de incautación de activos y la ley del arrepentido, que resultaron eficaces para disminuir en forma notoria el narcotráfico en esa ciudad.

La tarea que se plantea aquí, entonces, consiste en recuperar la acción del Estado, liberándolo de un discurso autojustificatorio que lo desfigura, y revalidando el rol de la opinión pública como garante del cumplimiento de su función de gestor del bien común.

De otro modo, inmovilizado el Estado frente a la corrupción y enervada la opinión pública por la pertinente retórica legitimadora, el camino hacia la temida captura del Estado quedará liberado.

 

[1] El fallo del Tribunal Oral de Santa Fe al condenarlo a seis años de prisión por encubrimiento de narcotráfico lo tildó de “calificado protector” .

[2] Eigen, Peter, Las redes de la corrupción, Edit. Planeta, Buenos Aires 2004, pág. 145.

[3] La Conferencia Episcopal Argentina se hace cargo de este argumento en breves palabras: “La guerra contra las drogas está perdida para quien no se opone a la instalación de este sistema”. Cfr. el documento No al narcotráfico, si a la vida plena, CEA, noviembre 2015.

[4] Cfr. Bergman, Marcelo, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, Edit. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2016, pág. 215.

[5] El máximo exponente de tal tergiversación lo constituiría la invasión de Estados Unidos a Panamá, oportunamente condenada por la ONU y la OEA, con la finalidad de aprehender al entonces Presidente de facto de ese país, Manuel Antonio Noriega, bajo la acusación de traficar estupefacientes a Estados Unidos.

[6] Cfr. Eigen, Peter, op. cit., pág. 146.

[7] “Cambalache”, de Enrique Santos Discépolo, compuesto en 1934.

[8] Cfr. Eigen, Peter, op. cit. pág. 145.

[9] Cfr. Carta Encíclica Laudato si, N° 197.

[10] El amplio abanico de ellas contempla apercibimiento, llamado de atención, suspensión, traslados, postergación en el ascenso, y aún la exoneración.

[11] Junto con la policía de salubridad y de moralidad.

[12] Cfr. Bergman, Marcelo, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, op. cit. pág. 23.

[13] Conferencia Episcopal Argentina, 107 Asamblea Plenaria, Pilar 8 de mayo de 2014.

[14] Cfr. Odsa, Barómetro del narcotráfico y las adicciones en Argentina, Informe N° 2, Educa, Buenos Aires 2016, págs. 48./50.

[15] Sin embargo debe reconocerse que recientemente el Ministerio de Justicia de la Nación implementó una suerte de “pulsera electrónica” que, todavía en sus comienzos, parece funcionar adecuadamente.

[16] Conferencia Episcopal Argentina “No al narcotráfico, si a la vida plena”, op. cit.

[17] Carta Encíclica Laudato si’, N° 179.

Related

Proceedings of the 2016 Judges' Summit

Proceedings of the 2016 Judges' Summit on Human Trafficking and Organized Crime 3-4 June... Read more