Formas modernas de esclavitud, trata de personas y acceso a la justicia por parte de los pobres y vulnerables

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Declaración final de la reunión de Ética en Acción

Sobre las formas modernas de esclavitud, la trata de personas y el acceso a la justicia

por parte de los pobres y vulnerables

Casina Pío IV, 12 y 13 de marzo de 2018

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) hacen un llamado a la igualdad de acceso a la justicia para todos (Meta 16.3), y a la erradicación de crímenes de lesa humanidad tales como el trabajo forzado, el tráfico de órganos y de seres humanos, el trabajo infantil y las formas modernas de esclavitud (Meta 8.7). En el caso de los pobres, estos derechos humanos fundamentales todavía no se han concretado. Esto refleja, en parte, una mentalidad libertaria defectuosa que supone que lo único que importa es el consentimiento formal, haciendo caso omiso de problemáticas tales como el ejercicio del poder sobre los más débiles, la coerción, y la degradación de la dignidad humana. Si no se controla, el cambio climático también puede contribuir mucho a estos «crímenes de lesa humanidad», sobre todo a la luz de los desplazamientos de personas que este provoca (de un total de 24 millones en 2016).

Ética en Acción se reunió en la Casina Pío IV los días 12 y 13 de marzo de 2018 con el fin de promover nuevos modos de concretar los ODS 5, 8 y 16 en todo el mundo, en particular en pro de nuestros hermanos más pobres y vulnerables.

Del debate se desprendió la necesidad de un marco de acción que incluya diferentes acciones e intervenciones en forma simultánea, a saber:
 

  • Fortalecimiento de los marcos jurídicos y de la aplicación de la ley por parte de los organismos gubernamentales;
  • Prevención del delito a través de la disuasión, por la vía penal, de quienes lo perpetran;
  • Fortalecimiento de los marcos administrativos y regulatorios;
  • Aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos;
  • Medición y seguimiento en tiempo real de los delitos, y puesta en práctica de acciones de denuncia pública.
  • Empoderamiento de los pobres y vulnerables (mediante el acceso a la protección y a la justicia, a la defensa jurídica, a la asociación sindical, y a otras medidas de organización);
  • Incremento del suministro de servicios sociales;
  • Movilización de todas las personas de buena voluntad para que se alíen a esta causa;
  • Uso de los ODS y de Laudato Si’ como bandera de lucha.
  • Formación de formadores y concientización en materia de empoderamiento jurídico;
  • Participación del sector privado;
  • Capacitación de actores corporativos con cadenas de suministro vulnerables.

El grupo Ética en Acción consideró una serie de abordajes prácticos para implementar las Metas 8.7 y 16.2 de los ODS:
 

  • Mejorar la gestión de las cadenas de suministro;
  • Combatir las formas modernas de esclavitud, así como la prostitución, la trata con fines de explotación sexual, y la violencia por motivos de género;
  • Implementar una gestión sistemática de trasplantes, de modo de prevenir el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes;
  • Imponer la justicia por vía penal en favor de los pobres, con medidas tales como la profesionalización de las fuerzas locales de policía, los fiscales y los tribunales, y la erradicación de la impunidad de los responsables de los delitos de violencia sexual, trata y esclavitud.

Habiendo escuchado testimonios en materia de iniciativas clave en cada una de estas cuatro áreas, Ética en Acción (EIA) creará un Grupo de Trabajo sobre acceso a la justicia para dar curso a las recomendaciones en lo relativo a mejores prácticas. Dicho grupo deberá rendir cuentas ante EIA en ocasión de la reunión de junio de 2018.

Al considerar los diferentes esquemas de políticas, Ética en Acción evaluó seis iniciativas concretas:
 

  1. Poner fin a las violaciones de derechos humanos en la cadena de suministro de cobalto de la provincia de Lualaba (ex Katanga), Congo;
  2. Impulsar el modelo nórdico de lucha contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual;
  3. Impulsar el modelo mexicano de atención y reintegración de las víctimas de la trata;
  4. Fomentar un nuevo modelo de donación y trasplante de órganos;
  5. Aplicar el modelo de protección jurídica y justicia en favor de los pobres propuesto por la ONG International Justice Mission;
  6. Avanzar con la campaña de la ONG Move Humanity, que tiene por fin atraer donaciones de fondos para concretar las Metas 8.7 y 16.2 de los ODS.

A continuación incluimos un breve resumen de los hallazgos más importantes.

1. Poner fin a las violaciones de derechos humanos en la cadena de suministro de cobalto de la provincia de Lualaba (ex Katanga), Congo

La República del Congo alberga el 50 por ciento de las reservas de cobalto del planeta. Se prevé que la demanda de este mineral, componente fundamental de las baterías de iones de litio, va a dispararse como consecuencia del auge de los autos eléctricos. En 2016, Congo fue responsable de la extracción del 54 por ciento de las 123.000 toneladas de cobalto producidas en todo el mundo. Sin embargo, la minería de cobalto ha provocado una profunda crisis social: es, en efecto, un ejemplo vívido y desgarrador de la «maldición de los recursos naturales», que se caracteriza por el trabajo infantil y el trabajo forzado, la contaminación masiva y la pobreza extrema. Si bien no hay suficiente evidencia acerca de la cantidad exacta de niños víctimas de las peores formas del trabajo infantil en la región, UNICEF estima que en 2015 el total de menores trabajando en las minas ascendía a 40.000.

En la provincia de Lualaba (ex Katanga), tuvo mucho éxito el «Modelo del Buen Pastor», una propuesta comunitaria implementada en la ciudad de Kolwezi por la Congregación de las Hermanas del Buen Pastor. Este modelo ha demostrado a las claras que es factible una estrategia de desarrollo comunitaria y económicamente accesible para combatir el trabajo forzado y el trabajo infantil en la zona de las minas de cobalto. En los últimos cinco años, esta propuesta ha logrado lo siguiente:
 

  • Se redujo en un 91 por ciento el trabajo infantil en una de las comunidades donde se practica la minería de cobalto. Ahora ya hay 1674 niños que, además de estar escolarizados, se han erigido en defensores de los derechos del niño;
  • Se brindó educación y formación en oficios alternativos a 300 mujeres y niñas, mejorando sus posibilidades de ingreso, su seguridad alimentaria, y su confianza en sí mismas;
  • Se generaron espacios de contención a nivel de la comunidad para 5000 personas, con el fin de denunciar y prevenir violaciones a los derechos humanos, y movilizar a las víctimas para que boguen por la reforma de leyes y sistemas injustos.

El particular abordaje del Modelo del Buen Pastor se basa en las siguientes premisas:
 

  • Inclusión radical: poner a los más pobres en primer lugar, y diseñar acciones en torno a sus necesidades básicas;
  • Integrar desarrollo con derechos humanos: brindar educación y seguridad alimentaria, y promover formas viables de sustento a nivel comunitario y a través de la agricultura;
  • Perseverar en el fomento de vínculos humanos duraderos, y fortalecer el valor espiritual de cada persona en un contexto caracterizado por ser extremadamente materialista;
  • Centrarse en procesos tanto como en resultados, resistiéndose a adoptar modelos de intervención pre-armados y basados en donaciones;
  • Usando como ancla la credibilidad moral y ética de las religiosas, aplicar un enfoque estratégico destinado a comprometer a los poderosos, de modo de prevenir la corrupción e invertir en la formación de capacidades locales a largo plazo.

 

2. Impulsar el modelo nórdico de lucha contra la prostitución

La prostitución implica un profundo agravio contra la dignidad, y es incompatible con una sociedad que pretende ser humana. Lanzado en Suecia en 1999, el modelo nórdico se basa en el principio de que ningún ser humano debería jamás estar a la venta. Según este abordaje jurídico, la prostitución se entiende como una institución atravesada por el daño que se perpetra contra la persona que es adquirida como una mercancía. Siguiendo el ejemplo de Suecia, varios países han aprobado leyes que reconocen la prostitución como explotación sexual: tal es el caso de Corea del Sur (2004), Islandia, (2008), Noruega (2009), Canadá (2014), Irlanda del Norte (2015), Francia (2016), y la República de Irlanda (2017). Según el enfoque abolicionista de la prostitución, se pena a los compradores de los servicios sexuales (p. ej., los proxenetas), mientras que se despenaliza a los individuos sometidos a tal actividad, y se les brinda formación laboral así como asistencia para salir de su condición. Este enfoque jurídico tiene mucho sentido, pues percibe la prostitución como una forma de violencia contra el prójimo.

El modelo nórdico tiene cinco ejes principales: (1) considera que la compra de servicios sexuales es un delito penal, pues percibe la demanda como una causa fundamental de la prostitución; (2) despenaliza por completo a quienes han sido sometidos a tal actividad; (3) brinda a las víctimas servicios sociales de calidad; (4) fortalece la legislación contra la compra de servicios sexuales, el proxenetismo y la trata con fines de explotación sexual; y (5) aborda todos los factores que empujan a los pobres y a los vulnerables a la prostitución. Este modelo insta a forjar una sociedad más justa e igualitaria, a eliminar las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres, a facilitar mejores recursos y un mayor apoyo para padres y madres y sus hijos, y a resolver todos los otros factores que condenan a la pobreza. Para esto hace falta un enfoque holístico que incluya campañas de divulgación, programas educativos en las escuelas, y capacitación para oficiales de policía y otros empleados públicos. Además, este modelo exige una priorización de la ley así como su coordinación a nivel nacional.

Una evaluación de la legislación sueca realizada diez años después de la puesta en vigor de este modelo demostró que la prostitución callejera se había reducido en un 50 por ciento: y si bien se registró un aumento de la prostitución en los países nórdicos vecinos, esto no fue lo que ocurrió en Suecia. La prohibición de la compra de servicios sexuales también logró socavar el crimen organizado, y las encuestas dan prueba de su efecto disuasivo en los posibles clientes. No hay ningún indicio de que el riesgo de violencia física haya aumentado entre las personas víctimas de la prostitución: al contrario, mientras que casi 70 prostitutas fueron asesinadas en Alemania desde la legalización de la actividad en 2002, ni una sola mujer en situación de prostitución fue asesinada en Suecia desde la implementación del modelo nórdico.

3. Impulsar el modelo mexicano de atención y reintegración de las víctimas de la trata

Asimismo, hacen falta esfuerzos para asegurar la reinserción de las víctimas en la sociedad. Para lograrlo, hay que adoptar una estrategia a largo plazo que incluya el rescate, el abrigo, la educación, el apoyo jurídico, y la inclusión social y familiar de los damnificados.

Hay programas en México diseñados para implementar estas estrategias de reinserción. Las víctimas de la trata han estado expuestas a un sinnúmero de situaciones traumáticas, por lo que necesitan una mayor protección y atención. Una reparación a corto plazo dista de ser suficiente. Por este motivo, la Comisión Unidos Vs. Trata boga por propuestas a largo plazo de atención, acompañamiento y reinserción social, todas adaptadas a las necesidades particulares de cada víctima.

Este modelo pone a la dignidad humana en el centro de la reparación de las víctimas, pues es precisamente la dignidad lo que les ha sido arrebatado. Muchas víctimas viven desgarradas por la ira y los trastornos psicológicos. Cualquiera que esté involucrado en la atención de una persona que ha sufrido la trata debe estar capacitado para restaurar su dignidad desde el primer momento: hablarle con consideración, garantizarle que será tomada en serio, mostrarle paciencia si se muestra reticente a contar su historia, y asegurar que recibirá abrigo, alimento y un lugar digno para descansar y recuperarse son algunas de las actitudes a asumir. A cada paso, la víctima debe sentir que está siendo cuidada, y no explotada.

Este modelo, caracterizado por ser un círculo virtuoso, se funda en la voluntad de acompañar al damnificado ofreciéndole apoyo psicológico, físico, sanitario, educativo y cultural por el lapso que sea necesario, al tiempo que se le brindan las herramientas que le harán falta para alcanzar sus objetivos de vida. Este enfoque, centrado en la dignidad, apunta a lograr que los sobrevivientes de la trata adquieran alguna profesión u oficio, consigan un trabajo, y tengan buena salud, estabilidad emocional, y una vivienda digna. Permite que la víctima sienta orgullo de lo que ha logrado, y se vuelva financiera y emocionalmente independiente de los que han transitado junto a ella el camino hacia su recuperación.

Es también fundamental que cada estamento del sistema penal esté bien informado sobre la situación de trauma de las víctimas, y adopte una actitud amigable hacia ellas. Como parte de estos abordajes debe capacitarse y prestar apoyo a las fuerzas policiales, los fiscales, los jueces, los empleados judiciales y los trabajadores sociales.

4. Fomentar un nuevo modelo legislativo en materia de donación y trasplante de órganos

La Meta 8.7 de los ODS es una herramienta más para combatir el tráfico de órganos, pues respalda los protocolos existentes a nivel mundial, tales como la Declaración de Estambul (2008); los Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos (2010); y el Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos (2015). El 8 de septiembre de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 71/322, instando a los países miembros a establecer mejores prácticas y normas que, entre otras cosas, garanticen que los trasplantes de órganos:
 

·     se realicen únicamente en centros autorizados;

·     con la supervisión regulatoria adecuada;

·     mediante procedimientos específicos de autorización de cada ablación y procedimiento de trasplante;

·     y con registros a nivel nacional que garanticen la transparencia de las prácticas, la trazabilidad de los trasplantes, y la calidad y seguridad de los órganos en cuestión.

Ética en Acción apoya el desarrollo de un grupo de trabajo en el seno de la OMS, destinado a implementar estos principios de la mano de los gobiernos: esto fue lo solicitado por los Estados Miembros de la Organización en su última Asamblea Mundial de la Salud, realizada en 2017. También recomendamos que el quehacer de este grupo de trabajo sea materia de discusión de la Asamblea Mundial de la Salud a efectuarse en 2018, habida cuenta de que la OMS ha estimado que el 10 por ciento del total de trasplantes que se realizan cada año involucran la venta de órganos. En seis regiones designadas por la OMS hay Estados Miembros donde las denuncias realizadas tanto por medios como por profesionales han planteado inquietudes respecto del tráfico de órganos. En particular, lo divulgado por los medios indica que miles de individuos han vendido órganos en India y Egipto en el pasado cercano.

Ética en Acción reconoce la concreción de la reforma que prohíbe el uso de órganos provenientes de presos alcanzados por la pena de muerte en China, así como las cirugías de trasplante a receptores extranjeros dentro de sus fronteras (turismo de trasplantes). Esta reforma ilustra los Principios Rectores de la OMS en materia de equidad, transparencia y justicia.

El modelo de China tiene las siguientes características:
 

  • El Consejo de Estado de la República Popular China promulgó sus Normas sobre el Trasplante de Órganos Humanos en 2007, y la Asamblea Popular Nacional de China promulgó su Octava Enmienda del Código Penal en 2011. Ambas normativas sirven de base jurídica para penalizar todos los delitos vinculados al tráfico de órganos en el país.
  • El gobierno chino estableció un sistema automatizado a nivel nacional de asignación de órganos única y obligatoria («Sistema de Respuesta para Trasplantes de Órganos», COTRS, por sus siglas en inglés), que está conectado con cuatro registros de trasplantes (de hígado, riñón, corazón y pulmón), a fin de garantizar la trazabilidad y la justicia en la distribución de órganos.
  • El gobierno autoriza a determinados hospitales a realizar trasplantes mediante una política de habilitación, que se aplica mediante auditorías sorpresivas in situ a cargo de las autoridades nacionales.
  • Gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades judiciales y de la salud, China está implementando un sistema nacional de vigilancia para combatir el tráfico de órganos. Este sistema, conformado por datos masivos, o Big Data, puede servir como ejemplo a la hora de crear mecanismos para luchar contra este flagelo en el resto del mundo, pues tiene la ventaja de integrar la información suministrada por las autoridades de salud y las autoridades judiciales.
  • Una característica clave del modelo chino es la firme determinación del gobierno de sostener la reforma, que se ha concretado gracias a la cooperación de los profesionales, y que está ejemplificada en el liderazgo del Profesor Jiefu Huang.

Estos avances señalan una nueva era en materia de donación y trasplante de órganos, caracterizada por el cumplimiento de la Meta 8.7 de los ODS, y subrayan lo necesario que es el apoyo de los gobiernos para alcanzar estos nobles objetivos. En un futuro cercano, más de 900.000 personas en China necesitarán un trasplante de riñón o bien un tratamiento de diálisis; por eso, si la idea es que haya una mayor disponibilidad de órganos de personas fallecidas, o de órganos donados por pacientes vivos en condiciones éticas (es decir, donde la venta esté ausente), va a ser preciso un seguimiento gubernamental de las prácticas que en este sentido se realicen.

5. Aplicar el modelo de empoderamiento jurídico de la ONG International Justice Mission

La ONG International Justice Mission (IJM) tiene por objeto empoderar a los pobres y los vulnerables mediante intervenciones destinadas a garantizar que los sistemas jurídicos locales protejan a las comunidades y hagan responsables a los delincuentes. Para IJM, el aparato judicial es el «único proveedor de servicios equipado para hacer responsables a los delincuentes, y el único que puede garantizar su encarcelamiento». Las intervenciones de esta organización se basan en los siguientes principios:
 

  1. Un compromiso a nivel nacional y mundial con miras a fortalecer el quehacer de los profesionales judiciales a nivel local;
  2. Programas de tutoría y acompañamiento de los funcionarios penales locales, con el objeto de dar alivio a las víctimas, diagnosticar debilidades del sistema judicial, y fomentar la voluntad y la capacidad de abordarlas;
  3. Un diagnóstico de las lagunas del sistema judicial basado en la evidencia y en casos concretos;
  4. La implementación a nivel local y nacional de mecanismos de formación de capacidades;
  5. Optimizaciones mensurables y basadas en casos concretos, destinadas a mejorar el funcionamiento del aparato judicial;
  6. Medición de los impactos producidos en la prevalencia del delito;
  7. Acciones de apoyo activo a nivel comunitario y de los sobrevivientes;
  8. Disponibilidad de los trabajadores judiciales a nivel comunitario, con el fin de asistir a las víctimas y hacer responsables a las autoridades locales;
  9. Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para ayudar a identificar y rescatar a las víctimas, y a recabar y analizar los datos de los delitos en aras de una mejor formulación de políticas.

El modelo de IJM de fortalecimiento de los sistemas judiciales ha contribuido a proteger a los pobres, ha reducido la prevalencia de delitos violentos, ha mejorado el funcionamiento de la justicia penal, y ha impulsado una mejor reparación de las víctimas en múltiples contextos.

-       Desde 1997, IJM ha colaborado con las autoridades locales para brindar alivio a alrededor de 14.200 víctimas de la servidumbre por deudas, a 3.200 víctimas de la explotación sexual con fines comerciales, y a 700 niños agredidos sexualmente.

-       Desde 1997, IJM ha trabajado junto a las autoridades de cada lugar en más de 1200 causas, logrando que sus acusados fueran penados a través de los sistemas penales locales.

-       Como consecuencia del trabajo que IJM realizó junto a las autoridades locales a partir de 2006, un estudio realizado en 2010 documentó una reducción del 79 por ciento en la disponibilidad de menores en venta para fines de explotación sexual en la provincia de Cebú, Filipinas.

-       Como consecuencia del trabajo realizado por IJM en Manila y Pampanga, Filipinas, a partir de 2009 y 2012, respectivamente, unos estudios realizados en la zona en 2016 registraron una reducción de entre el 75 y el 86 por ciento en la disponibilidad de menores en venta para fines de explotación sexual.

-       Un estudio arrojó una reducción del 73 por ciento en la disponibilidad de menores en venta para fines de explotación sexual entre 2012 y 2015 en zonas clave de Nom Pen, capital de Camboya, otro lugar donde la organización enfocó su quehacer.

-       En 2017, el 92 por ciento de las víctimas liberadas de la servidumbre por deudas gracias a las gestiones de IJM ya había alcanzado su plena reparación.

6. Avanzar con la campaña de la ONG Move Humanity, que tiene por fin recaudar fondos para concretar para los pobres un acceso igualitario a la justicia

Lanzada en 2018 y vigente hasta 2030, la campaña de la ONG Move Humanity convocará a todos los multimillonarios, es decir, aquellos que tienen un patrimonio superior a los mil millones de dólares, a que inviertan por lo menos un uno por ciento del mismo en forma anual en pro del cumplimiento de los ODS. Move Humanity apelará a la donación voluntaria, pero también instará a los Estados Miembros de la ONU a que apliquen, entre los multimillonarios que se hayan negado a donar voluntariamente, un gravamen a favor de los ODS equivalente al uno por ciento de su patrimonio, con el año 2023 como plazo máximo.

La campaña constará de 12 principios rectores (ver Tabla más abajo). Estos principios establecen la prioridad indiscutible de los ODS, que bogan por avances tales como el fin de la pobreza (ODS 1), la cobertura de salud universal (ODS 3), la educación básica universal (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), el acceso a las energías renovables por parte de todos (ODS 7), el fin de las formas modernas de esclavitud (ODS 8), la conservación de la biodiversidad (ODS 14 y 15), y el acceso universal a la justicia (ODS 16). Los fondos provenientes de las iniciativas filantrópicas habrán de cerrar la brecha de financiamiento de los ODS en los países de ingreso bajo y mediano bajo.

Una de las metas de la financiación con fines filantrópicos será el acceso a la justicia por parte de los pobres. Una posible vía de acción podría ser un nuevo fondo mundial que destine recursos financieros a poner fin a flagelos como la trata, el trabajo forzado, el tráfico de órganos, la prostitución, el trabajo infantil, y las formas modernas de esclavitud.

Próximos pasos

Con el apoyo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, Ética en Acción habrá de crear un Grupo de Trabajo sobre esclavitud moderna, trata de personas y acceso a la justicia para pobres y vulnerables. Este colectivo rendirá cuentas ante Ética en Acción, presentando sus recomendaciones en el encuentro que esta celebrará en octubre de 2018. El Grupo de Trabajo buscará asociarse con otras entidades, como la Iniciativa de Cobalto Responsable, la OCDE, el Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia, y la Fundación Amazonas Sostenible.

Principios rectores de Move Humanity

 

Los 17 ODS son las prioridades de desarrollo del planeta, y constituyen el marco consensuado a nivel mundial para el lapso comprendido entre 2015 y 2030.

Para concretar los ODS, los países de ingreso bajo y algunos países de ingreso mediano bajo necesitan asistencia para el desarrollo de origen tanto público como privado.

La asistencia para el desarrollo deberá complementarse con la financiación a nivel nacional, siendo los esfuerzos de financiamiento a nivel doméstico condición para el otorgamiento de dicha asistencia.

La asistencia para el desarrollo deberá estar dirigida a los países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo, a fin de cerrar la brecha de financiamiento en materia de cumplimiento de los ODS.

Los aportes que cada país donante haga en el marco de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) deberán alcanzar el criterio que rige desde hace tiempo para este tipo de desembolsos, es decir, un mínimo del 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB).

La asistencia privada para el desarrollo deberá alcanzar por lo menos un 0,3 por ciento del capital de los donantes, y deberá estar constituida mayormente por los individuos que entran en la categoría de «patrimonio neto ultra alto».

La asistencia privada para el desarrollo aportada por los individuos de patrimonio neto ultra alto deberá ser igual a por lo menos un uno por ciento de su patrimonio neto anual, debiendo tomarse como remanente para años subsiguientes las donaciones adicionales realizadas durante un año en particular. Dicha población deberá dar muestras de liderazgo en materia de ODS, comprometiéndose públicamente con la meta de aportar un uno por ciento de su patrimonio neto en aras de tal fin, y en concordancia con otros compromisos tales como la campaña filantrópica The Giving Pledge.

La asistencia para el desarrollo aportada por los individuos de patrimonio neto ultra alto deberá ser supervisada y declarada anualmente.

La financiación aportada por los individuos de patrimonio neto ultra alto deberá estar mayormente orientada a alimentar fondos en pro de los ODS que sirvan para impulsar estrategias a nivel nacional, debiendo garantizarse una rigurosa supervisión y evaluación de todo tipo de financiamiento.

La asistencia aportada por los individuos de patrimonio neto ultra alto deberá estar basada en donaciones voluntarias, complementadas por gravámenes aplicados a nivel nacional entre los integrantes de esta población que omitan contribuir voluntariamente.

 

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