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Carta de acompañamiento a las Recomendaciones finales

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Consideraciones más allá de la criminalización

Tras la ratificación del Protocolo de Palermo de la ONU (2003), la mayoría de las leyes promulgadas a nivel nacional se concentran predominantemente en la «oferta» antes que en la «demanda» de personas en situación de trata, así como en los criminales más que en las víctimas y en sus necesidades en cuanto seres humanos. Por ese motivo, la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales dedicó su reunión plenaria, que tuvo por título Trata de personas: consideraciones más allá de la criminalización y que se extendió entre el 17 y el 21 de abril, a un análisis general de ambos lados de la ecuación.

Nuestra participación tiene un punto de partida y un objetivo igualmente claros. Con la Pontificia Academia de las Ciencias, nuestra hermana mayor, no formamos parte de la Curia —pues ambos Presidentes son designados por el Papa y responden directamente ante él— sino que actuamos como espacios de reflexión en los que distinguidos académicos del mundo laico ofrecen «a la Iglesia, los elementos que se pueden utilizar en el desarrollo de su doctrina social, y [reflexionan] sobre la aplicación de esa doctrina en la sociedad contemporánea» (Estatuto, Artículo 1).

El claro punto de partida fue la respuesta del Papa Francisco a la inquietud de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales sobre los temas que convenía que abordara esta institución. Su breve respuesta, escrita de puño y letra en el reverso de un sobre, contenía su explícita orientación, la cual hemos intentado seguir y desarrollar desde entonces.

Hacia el cierre del año ya habíamos celebrado un taller dirigido a los jefes de las fuerzas policiales; en el taller siguiente elaboramos una ecuménica Declaración de los líderes religiosos contra la trata de personas (2 de noviembre de 2014). Cabe observar que dicha Declaración calificaba la trata de personas como una «forma moderna de esclavitud» y un «crimen contra la humanidad», términos que el Papa Francisco ya usaba con frecuencia, pero que algunos todavía cuestionaban. La Declaración dejaba en claro sus metas: oponerse a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, y rechazar el tráfico de órganos, así como «toda relación que no respete la convicción fundamental de que todas las personas son iguales y tienen la misma libertad y la misma dignidad». Vale destacar que este texto estuvo ampliamente basado en el Protocolo de Palermo de la ONU, elaborado en 2003 y ratificado por 166 Estados hacia fines de 2014. Los líderes religiosos que firmaron esta Declaración bogaban por medidas expeditivas para llegar al año 2020 habiendo erradicado la trata de personas de una vez y para siempre.

Esto impulsó a nuestra Academia a erigirse en un movimiento social in statu nascendi. Teníamos prisa por plasmar este «Nuevo abolicionismo» en una realidad, pues la ONU proyecta definir sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que habrán de reemplazar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), hacia fines de 2015. Nuestro fin era lograr que la erradicación de la trata de personas se incorporase a estos nuevos objetivos. Por tal motivo, la reunión plenaria del mes pasado tuvo por objeto culminar con una serie de recomendaciones concretas a ser presentadas una semana más tarde ante Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, en ocasión de su discurso ante ambas Academias después de su audiencia privada con el Santo Padre.

Una vez elaboradas estas claras recomendaciones, dediqué la semana intermedia a adaptarlas a la versión preliminar de los Objetivos de la ONU. El texto de la Academia, sin embargo, llevaba la agenda contra la trata un paso más allá, algo que hacía necesario el reconocimiento de la comunidad internacional, a pesar de la advertencia de que a esta altura cambiar una sola coma del borrador de la ONU podía generar resistencias. Ban Ki-moon se mostró permeable a nuestra postura, pero nuestro aporte aún no forma parte de la agenda mundial.

A favor del reasentamiento, y en contra de la repatriación

En efecto, nuestro lema es que «la repatriación y el retorno» jamás deberían ser la norma por defecto, cosa que ocurre en la mayoría de los países que han ratificado el Protocolo de Palermo; tal es el caso del Reino Unido, que hace poco promulgó una ley al respecto. Más bien, el país de destino debería asumir la responsabilidad del reasentamiento de las víctimas, pues la trata fue impulsada por la demanda allí generada (no debe confundirse a las víctimas de la trata con los migrantes irregulares que no sufren este flagelo). El derecho penal es una condición necesaria para la erradicación de la trata, pero no es suficiente a la hora de remediar las consecuencias de este flagelo tanto en las víctimas como en la sociedad en su conjunto.

Puestas en el contexto histórico, las actuales víctimas de las formas modernas de esclavitud comparten tres denominadores comunes con los esclavos del pasado: la sujeción a una forma extrema de dominación social violenta; el alejamiento forzado de todo orden social legítimo; y la degradación y la deshonra, pues sin el valor fundamental de la libertad, el único estatus social posible es el de la total denigración. La diferencia entre los esclavos de hoy y los de ayer es que estos últimos podían esperar algún proceso formal de manumisión; los esclavos de hoy día no pueden aspirar a tal cosa: son desplazables, suprimibles y descartables.

Sin permiso para permanecer y trabajar en el país de destino, privados de derechos y de toda red social legítima, y probablemente desprovistos del idioma necesario, quienes han sufrido la trata quedan sin defensas ante la posibilidad de ser asimilados por los mercados negros locales. Si bien el enjuiciamiento penal del tratante (causa próxima) es algo necesario y deseable, no aporta nada a la hora de devolver a las víctimas su autoestima o el reconocimiento subjetivo de su dignidad humana.

Las víctimas bien pueden atestiguar contra sus victimarios, quienes representan un negocio cuyas ganancias rivalizan con las del narcotráfico. Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) ha demostrado que las condenas representan solo un pequeño porcentaje del total de personas alcanzadas por la trata, que según la OIT es de 21 millones. En la mayoría de los países, después del breve respiro que puede ofrecer un programa de protección de testigos, estos hombres, mujeres y niños se enfrentan a la perspectiva de la repatriación y el retorno al seno familiar. ¿Por qué es esto inaceptable para nosotros?

En primer lugar, las investigaciones cualitativas a cargo de la Comisión Europea revelan que en el 50 por ciento de los casos, el primer contacto entre la víctima y el tratante es realizado por «sus familiares y amigos». La repatriación no equivale a un feliz reencuentro con los seres queridos. El retorno debe ser voluntario; recomendamos además que esté respaldado por sistemas de apoyo en los países de origen, de manera de evitar un retorno automático a un contexto que puede propiciar una renovada instancia de trata.

En segundo lugar, estos sobrevivientes saben demasiado. Pueden revelar varios nombres, incluso el del principal autor intelectual del delito contra ellos perpetrado. Por este motivo se encuentran en un estado doblemente comprometido.

En tercer lugar, cabe reconocer que la victimización de quienes han sido golpeados por la trata debe ser atribuida a la demanda nacional y multinacional de trabajo en condiciones de explotación o de explotación sexual. De esto se desprende que los países de destino deban asumir la obligación del reasentamiento, en cuyo caso los costos pueden correr parcialmente por cuenta de un fondo para la rehabilitación de las víctimas, creado a partir de las ganancias confiscadas de los tratantes.

En resumen, debe hacerse todo lo posible para que quienes opten por la repatriación voluntaria cuenten con plenos derechos civiles y un entorno provisorio seguro, todo lo cual seguramente se garantice mejor por medio de acuerdos bilaterales entre los gobiernos.

Requerimientos para el reasentamiento

Suponiendo que la decisión de las víctimas (en su mayoría) sea la de permanecer en el país de destino, tal determinación debe siempre ser voluntaria y bien informada, con procedimientos instalados en cada país anfitrión con miras a asistir a quienes han sido identificados como damnificados, y el compromiso de poner a disposición fuentes adicionales de información. Debe alentarse a las embajadas de cada país a desarrollar centros de recursos y a colaborar en la obtención de la documentación necesaria. Con igual criterio, deben coordinarse esfuerzos conjuntos en el país de destino para reducir las demoras en el otorgamiento de derechos y beneficios, en la obtención de permisos de residencia que brinden acceso al mercado laboral, y en el suministro de directrices claras en materia de derechos y responsabilidades, tanto en lo inmediato como a largo plazo. Si bien todas estas son condiciones fundamentales para que las víctimas puedan recuperarse y apostar a una nueva vida, por sí solas no son más que una serie de procesos burocráticos pero necesarios.

Los actuales modelos de reasentamiento son muy diversos: desde el formato cuasi-corporativo del International Justice Mission (IJM), que alcanza a decenas de miles de personas en todo el mundo, hasta la red más familiar de religiosas católicas lideradas por la Hna. Eugenia Bonetti, y la pequeña, proactiva y perspicaz organización Unseen, fundada en Bristol por Kate Garbers y dispuesta a trabajar con cualquier persona de buena voluntad. Lo que todos estos modelos reconocen es el abanico de servicios que hacen falta tras padecer el trauma de la trata en el país de destino: atención médica, orientación psicológica, aprendizaje del idioma local, permisos de residencia y de trabajo, asistencia legal, adquisición de aptitudes para la vida, capacitación laboral, alojamiento, y sobre todo, integración social. Es una lista abrumadora, pero la ayuda coordinada de las asociaciones de voluntariado ha sido de mucha utilidad en los países desarrollados. Igual de valioso es el aporte de las personas comunes y corrientes: no hace falta ser ningún experto para acompañar a alguien a que haga sus compras en el supermercado o familiarizarlo con el transporte público, y sin embargo el valor del interés por el otro es igual o incluso superior al de la información práctica adquirida.

Los programas de reasentamiento y de reintegración tienen como propósito que las víctimas de la trata alcancen su independencia socioeconómica; que ya no corran el riesgo de ser sometidas nuevamente a este flagelo; que no tengan que recurrir a actividades ilegales, peligrosas o humillantes; y que puedan contribuir de manera positiva a la sociedad que los ha acogido.

Reducir la demanda

¿Qué ocurre entonces con la «demanda», motor de esta actividad? Lo que busca esta demanda es el trabajo barato, la prostitución, los órganos de otros; y está constituida por la anulación del derecho del pobre de trabajar en un marco de seguridad física, de proteger su cuerpo contra el abuso y de atesorar sus órganos vitales, fundamentales para el sostenimiento de la vida, a favor del deseo del rico. Lejos de disminuir, esta demanda está en auge, y es la que alimenta la «trata interna» dentro de los países: el engaño, la coacción y el acoso a menores por Internet (grooming); la captación de los más desesperados como «esclavos domésticos», y la privación de la libertad de los «trabajadores cautivos». ¿Qué se puede hacer para reducir esta demanda?

La criminalización de la demanda es una herramienta posible: Noruega y Suecia han sido pioneros en la promulgación de leyes que castigan a los clientes de los prostíbulos, y no a quienes allí trabajan; unas evaluaciones realizadas recientemente en Noruega indican que estas medidas ayudan a combatir las actitudes a favor de esta práctica. Con igual criterio, el enseñar con el ejemplo puede tener mucho peso: el momento más emocionante de nuestra Plenaria fue cuando nos enteramos de que entre nuestros asistentes se encontraba un sacerdote indio que había donado uno de sus riñones a un vecino hindú, que necesitaba un trasplante con suma urgencia pero había sido engañado por quien había prometido proveérselo. Es un gesto de heroísmo difícil de imitar, pero si las Iglesias reforzaran la portación de la tarjeta de donante —ante la eventualidad de muerte cerebral— la demanda que fomenta el «turismo de órganos» podría reducirse drásticamente gracias a la donación voluntaria.

Sin embargo, no hay una única recomendación que sirva para todos los casos. Como sociólogos, debemos combatir las actitudes normativas que normalizan la «demanda» que engendra la trata. Para ello debemos basarnos en la evidencia arrojada por las intervenciones exitosas en otros ámbitos, como la prevención del tabaquismo, del sedentarismo y de la conducción en estado de ebriedad; la adopción de prácticas respetuosas para con el medioambiente; y las campañas, de avance más lento, contra la discriminación de las mujeres, las minorías étnicas y los discapacitados. Esto nos impone el desafío de conceptualizar procesos paralelos según los cuales los usuarios finales de la trata, cualquiera sea su propósito, también caigan bajo el estigma social.

Profesora Margaret S. Archer (Presidenta)

Directora: Centre for Social Ontology, University of Warwick, G.B.

 

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