Argentina

LEYES Y NORMATIVAS NACIONALES

Nuestro país se colocó en la vanguardia legislativa a nivel mundial con la sanción el 23 de septiembre de 1913 de la “Ley Palacios”, proyecto de incorporación al Código Penal de los delitos relacionados con el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas. En este marco, el parlamento sanciona la Ley 9.143, primera ley contra la Trata de Blancas y primera norma legal contra la prostitución infantil del continente americano. Por todo esto, el 23 de septiembre es la fecha elegida como "Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños" por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres en Dhaka en 1999. Desde 1936 la Ley Nacional 12.331 prohíbe los prostíbulos, lugar de destino de la mayoría de las víctimas de trata sexual.

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En relación a la prostitución, los Estados pueden tomar tres diferentes posiciones según sus legislaciones, normativas y políticas públicas:

  • Abolicionista: El Estado entiende que en el sistema prostibulario, las relaciones son de desigualdad y de explotación y por tanto se debe hacer todo lo posible para desalentarlas. No penaliza a las personas en situación de prostitución sino que condena a quienes las explotan: rufianes, proxenetas, tratantes y traficantes.
  • Reglamentarista: El Estado reglamenta la prostitución considerando que se trata de la “prestación de un servicio” o de un “trabajo”, y quienes acceden por precio a los cuerpos de las personas prostituídas son entendidos como "usuarios" o "clientes". Promueve la  implementación de zonas rojas, la utilización de libretas sanitarias y revisaciones periódicas para control de enfermedades de transmisión sexual. No obstante, la postura reglamentarista no ha podido mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas prostituidas sino que se ha incrementado el número de personas tratadas y la explotación sexual infantil.
  • Prohibicionista: El Estado penaliza tanto a los proxenetas como a las personas prostituídas. En algunos casos también reprime al prostituyente. El bien jurídico protegido es la moral pública y las buenas costumbres.

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